Fallo de tutela en segunda instancia ampara los derechos de un campesino frente a la Desigualdad Estructural en el Cumaribo
La corporación Claretiana Norman Pérez Bello es organización de la sociedad civil que acompaña diferentes comunidades en la gran extensión de tierra que es la Orinoquía. En el tiempo que hemos venido caminando la sabana y la selva nos hemos encontrado con que no solo el Estado Colombiano tiene una deuda histórica con esta gran porción de tierra, sino que aún con los programas que se desarrollan casi exclusivamente en comunidades apartadas, la institucionalidad sigue reproduciendo prácticas que van en contravía de las realidades y dinámicas de la ruralidad.
Una de nuestras apuestas como organización social ha estado encaminada a visibilizar estas realidades complejas y poco entendidas en las urbes, somos conscientes que la forma en cómo se ha organizado el aparato estatal, centralizado y de espaldas a las personas del campo ha creado escenarios de exclusión y vulneración de los derechos en estas comunidades. Ejemplo de esto lo encontramos cotidianamente, en la forma en cómo se disponen los recursos de inversión, infraestructura, educación, salud, etc. Y por tal motivo nos resulta importante referirnos a este tema mediante un caso concreto que hace parte de nuestros acompañamientos y que ahora ha tenido un fallo a favor.
Las comunidades campesinas, pero en particular las que ahora son denominadas ex cocaleras, deben afrontar día a día un complejo panorama, sus espacios vitales, territorios, se encuentran muy lejos de los centros poblados o cabeceras municipales y deben de procurar su subsistencia apenas con lo que pueden cultivar para el autoconsumo. Esta es una realidad que la corte constitucional ha reconocido por medio de las sentencias C-077 de 2017 y SU-213 de 2021 y es por ello que las comunidades campesinas y trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional.
Nos referiremos al caso concreto de un campesino de la inspección de Puerto Príncipe del Municipio de Cumaribo (Vichada) que acaba de recibir un fallo a su favor por una Tutela presentada en abril de 2022, por la cual logró se revocara la sentencia que lo excluía del programa PNIS y se le se amparan los derechos fundamentales del debido proceso y el mínimo vital.
Éste campesino, al igual que otras personas de la comunidad, se suscribió al Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos en el 2016, y en el 2018 fue vinculado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Según lo acordado, el levantamiento de las 2 hectáreas de plantas de coca que tenía se debía realizar a los 60 días después del primer desembolso por concepto de asistencia alimentaria, sin embargo, el mismo día que se realizó el desembolso se modificó el término para levantar los cultivos a 30 días, sin haberle notificado a las personas que suscribieron el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cultivos. De tal modo que, cuando la Misión de Verificación de la Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fue a hacer la visita, 15 días antes de lo acordado anteriormente, notificó que el campesino había incumplido parcialmente el acuerdo. El 3 de septiembre del 2019 el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República excluyó al campesino del PNIS.
Los cambios en las fechas de la visita de verificación y monitoreo, como la decisión de exclusión del programa se tomó sin tener en cuenta las condiciones de desigualdad estructural de la población cocalera, se debieron haber tomado medidas especiales diferenciadas. La dirección de sustitución de cultivos faltó en su responsabilidad de notificarle a cada familia campesina que vive en lugares de difícil acceso, que han sido históricamente excluidas y abandonadas.
El fallo a favor del campesino de la tutela interpuesta a la Presidencia de la República, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y a la ART, genera una leve sensación de justicia, pero más allá de eso advierte una realidad que es siempre latente: El Estado colombiano, sus gobiernos e instituciones aún no comprenden la dimensión de la desigualdad estructural; como tampoco han logrado comprender, ni reconocer, la deuda histórica que tiene la nación con los territorios de la Orinoquía y sus comunidades históricas y ancestrales.
Hacemos un llamado a la sensibilidad racional, a la empatía humana, al deseo profundo de construir la paz, pero advertimos, esto solo es posible si se cuentan con las condiciones de vida digna en los territorios lejanos, en las comunidades olvidadas y en los espacios donde el Estado nunca ha hecho presencia.
