Intervención de Corporación Claretiana Norman Pérez Bello en audiencia pública “violaciones de Derechos Humanos contra personas defensoras”

Nota de prensa

El pasado viernes 19 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública “violaciones de Derechos Humanos contra personas defensoras en Colombia” para debatir sobre la situación de estas personas en diferentes regiones del país. Como organización defensora de Derechos Humanos y acompañante de comunidades campesinas e indígenas del país, entre ellas el Asentamiento Indígena de El Porvenir Meta –ASEINPOME-, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello fue invitada a intervenir.

Al respecto comentamos que las demoras o no respuestas a los trámites solicitados por las comunidades, conlleva a que  sean expuestas más públicamente en las exigencias de sus derechos. Así mismo, dilatar los trámites y asuntos de competencias de las entidades del Estado, conlleva a una completa inseguridad jurídica, situación que es aprovechada por los actores armados, así como personas denominadas “tierreros”, que en sus distintas alianzas con actores disimiles, ejercen presión por vía legal y de la violencia en contra de los territorios y de los líderes integrantes de las comunidades campesinas e indígenas. Los trámites se quedan en abrir expedientes o con un recibido, y así pueden durar, un o dos años o más, sin mayor respuesta.

La defensa de los DDHH, del territorio, es bloqueada principalmente por la negligencia institucional, que debiendo cumplir sus funciones, encontrados respuestas de funcionarios que dicen que no dan respuesta. Lo cierto es que las entidades encargadas de la protección y ejecución de las políticas de tierras en Colombia, actúan, solo si son obligados por una orden judicial, no entienden o desdibujan sus funciones que son de defensa de la vida de los territorios y de las comunidades que dependen de estas instituciones para la materialización de sus derechos.

Según la CNTI, “A corte 31 de mayo de 2020, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contaba con 951 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. De estas, 23 tienen más de 20 años de espera, mientras que otras 39 fueron presentados hace más de 10 años ante el entonces Incoder. De las 123 solicitudes de protección provisional de territorios ancestrales (Decreto 2333/14), no se ha culminado ningún procedimiento. Pese a estas cifras, la entidad determinó realizar 69 procedimientos dentro del Plan de Acción 2020. Es decir, la meta es avanzar en un 6,42%.” (CNTI, Superar el ECI de los derechos territoriales indígenas, nov. 2020)

La negación de derechos se ha vuelto una constante institucional. Contrario a ello, la ejecución de la política de tierras, conlleva a la materialización de un sinnúmero de derechos que fortalecen la actividad de la defensa de los DDHH. Es así que la llevar a cabo el ejercicio de la defensa de la vida, conlleva de la mano una fuerte acción institucional que responda a las necesidades de los territorios y los líderes y lideresas.

La utilización de la pandemia, comunidades encerradas, para así presentar y aprobar proyectos de ley retrógrados que desconocen derechos como el de la Consulta Previa Libre e Informada en las comunidades étnicas y las Consultas Ciudadanas en los campesinos. Estos derechos han sido desarrollados jurisprudencialmente porque el congreso no ha querido legislar en su favor, al contrario, los partidos de gobierno, han pretendido desde hacer consultas previas de manera virtual, o sencillamente desconocer que para su cumplimiento es necesaria la participación y la presencialidad como derecho que promueve y/o desarrolla otros de igual o mayor calado, aprovechando que las zonas rurales están completamente desconectadas virtualmente hablando.

Las aspersiones aéreas con glifosato, como las aprobaciones o extensiones de licencias ambientales por parte de la ANLA y las CAR, son un retroceso, que desconocen los derechos de las comunidades y si, motiva amenazas en contra de los defensores en los territorios.

Debemos descentralizar no solo la presencia militar y policial, es mucho más importante descentralizar las decisiones que afectan a las comunidades en los territorios, descentralizar la participación y las decisiones que afectan a los defensores de los territorios y la vida. Ser incluyente, es sacar de Bogotá y las capitales, no solo el debate, sino las decisiones y, ante todo, ejecutarlas.

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