DENUNCIA PÚBLICA No. 41. PERSISTEN LAS INVASIONES A BALDÍOS DE LA NACIÓN EN EL PORVENIR Y MATARRATON CON CONSTRUCCIONES DE CASAS, CERCAS Y VÍAS ILEGALES. ADEMÁS, AMENAZAS DE JUDICIALIZACIÓN CONTRA LA COMUNIDAD DE ITWUITSULIBO E INTENTO DE SOBORNO A INTEGRANTE DE LA CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO (Puerto Gaitán, Meta)

Desde la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, denunciamos la continuidad y nuevas invasiones, construcciones, cercamientos y deforestación sobre los predios baldíos de El Porvenir y Matarratón en Puerto Gaitán, estos delitos están estipulados en el código Penal Colombiano Art. 353A. Delito de Obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, y Art. 263. Delito de invasión de tierras o edificaciones. Conductas llevadas a cabo por las personas invasoras, del territorio, que conllevan a la violación de la integridad de las comunidades campesinas e indígenas de ASEINPOME, habitantes históricos de El Porvenir y Matarratón. También denunciamos el intento de soborno y chantaje a uno de los integrantes de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (en adelante CCNPB)

HECHOS

Del 11 al 18 de abril, la Corporación en su ejercicio de acompañamiento a la comunidad indígena de Aseinpome y campesinas históricas del Porvenir y Matarratón, realizó una visita y recorrido por este territorio con el ánimo de visualizar las denuncias que han realizado las comunidades sobre estas problemáticas, prohibidas por la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT.

Durante estos recorridos se encontró que continúan las construcciones de casas en la sabana del Porvenir, encontramos 5 casas nuevas en total en la vía que de Porvenir conduce a Carimagua, así mismo el cierre de la misma (con cerca construida con postes y alambre de púas) a la altura de la finca “La Guaratara” quienes cercaron la vía hacia el río, apropiándose ilegalmente de varios cientos de hectáreas y donde se visualiza construcciones nuevas en predios protegidos de la nación mediante la sentencia SU426.

En la vereda Matarratón observamos que se construyó una carretera ilegal(1) con salida al río que atraviesa a esta vereda y comunica con la invasión de la sabana de afiliados a ASOYOPO Y ASDEPAGRAL en El Porvenir, para su construcción fueron talados varias matas de monte por donde pasa la misma. Testigos manifiestan que los invasores de la sabana llegan hasta la vereda Matarratón y al río en cuatrimotos.

Al hablar con el intendente Tique, de la policía presente en el Porvenir, manifiesta que no conoce de las nuevas construcciones (a pesar de que la estación de policía, se instaló en cumplimiento de la sentencia SU426 para proteger los baldíos de la nación) y que la cerca de la vía que de El Porvenir conduce a Carimagua, estaba construida cuando él llegó hace 3 meses y que por lo tanto no puede responder por la no acción de la policía Nacional para proteger los baldíos de la nación. Se le entregaron coordenadas GPS de los lugares de construcción de nuevas cercas, casas y carreteras.

Por otra parte, el 21 de abril de 2021, del abonado móvil No. 3194696557 escribieron al WhatsApp de uno de los funcionarios de la Corporación, esta persona, escribe identificándose como Yhojan García periodista del Canal 8 en Villavicencio; de canal 6 en Puerto Gaitán; del medio James informa, del medio Steven Liévano noticias de Puerto Gaitán, y que a su vez, es enlace de canal Caracol y RCN, quien manifestó que había atendido una denuncia de unos resguardos indígenas a los que calificó inmediatamente “que no son ningunos resguardos indígenas, sino que lo que están haciendo es intentando apoderarse de todas esas tierras de las cuales no son propietarios… entonces para que cuadremos una citica o miramos a ver para que negociemos, por la vía más suave es una plática para todos y ellos se retiran y usted y yo, todos tranquilos y si no pues con las notas de audio que tengo que son extorsivas hacia los menonitas se ponen las denuncias”.

Ante esto, el funcionario de la Corporación, le respondió aclarando el papel de la Corporación en el acompañamiento en derecho de las comunidades y que si había algún ilícito o delito cometido por alguna persona de las comunidades denunciara el hecho, también se cuestionó el papel que como “periodista” estaba cumpliendo al extorsionar y amenazar con la justicia, así como de ofrecer dinero para que las comunidades reclamantes del territorio ancestral de Itwuitsulibo, amparado por el Dcto 2333/2014 en la ANT. Como respuesta envió un audio en donde se escucha la voz de un extranjero (por el acento) mencionando que los indígenas le piden todo tipo de cosas y que él no puede darles eso.

En reiteradas ocasiones la comunidad histórica, así como la Corporación, han denunciado públicamente estos hechos delictivos, encontrando que las autoridades competentes hacen caso omiso a las denuncias interpuestas.

ANTECEDENTES

1. El 11 de marzo de 2011 el señor Ernesto Martínez, alias “Cajuche” le escribió al celular de Oscar Martínez integrante de la Corporación y en diferentes mensajes de texto y audio le dijo que algunos vecinos de él, afectados por la medida de protección otorgada por la ANT en el marco del decreto 2333 y la medida de hecho de los indígenas de Itwuitsulibo para recuperar materialmente el predio y le ofreció dinero a cambio de dejar de defender los intereses de la comunidad indígena en mención; dentro de los audios, llama la atención uno donde un extranjero le pide a “cajuche” que busque a los que están defendiendo a los indígenas para ofrecerles plata bajo la premisa que contra el dinero nadie puede.

2. Hay que decir que la comunidad conocida en Puerto Gaitán como de los Menonitas ha venido haciendo negocios y arando tierras que se encuentran protegidas por el decreto 2333, lo cual está prohibido; esta conducta fue denunciada verbalmente en reunión que tuvimos en la alcaldía de Puerto Gaitán el pasado 7 de abril en presencia de la secretaria de gobierno, el inspector rural, el enlace étnico y un asesor del alcalde municipal; el mismo día, tuvimos reunión con la personera de este municipio y se le puso al tanto de estos hechos y nuestras preocupaciones al respecto.

3. El 27 de febrero de 2020 siendo las 9 am, se llevó a cabo Audiencia Pública en el marco de la querella policiva interpuesta por el abogado Carlos Emilio Romero Gómez en “representación jurídica” de la Sra Martha Yaneth Hernández en contra de varios habitantes históricos de la vereda Matarratón, a saber: los Sres. José Emigdio Rojas, Julio Alexander Tacha y Ronaldo Martínez.

El objeto de la diligencia, como consta en el Acta, es la construcción de una cerca de alrededor de 5 Kms, por parte de personas que no son de la comunidad en la vereda Matarratón colindante a la vereda El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, quedando la comunidad campesina histórica de Matarratón confinada porque está cerca impide el paso de los semovientes al pastoreo. En la precitada audiencia pública, entre otras intervenciones vale resaltar la intervención del Presidente de la JAC de Matarratón quien manifiesta que las personas que dice “representar” el abogado Carlos Romero no son de la comunidad de Matarratón, que son invasores, así mismo, esa cerca se hizo sin consulta. En ella, el Inspector dejó sentada en el Acta, la declaratoria del Status Quo que favorece a los invasores querellantes y en contra de los campesinos históricos.(2)

4. El día 21 de diciembre de 2020, habitantes, campesinos históricos de la vereda El Porvenir, presenciaron la construcción de una cerca que obstruye la carretera que, de El Porvenir conduce a Hato Caviona. se ha construido una cerca que atraviesa la vía en mención, no solo obstruyendo el paso de los habitantes, sino que con estas conductas se configuran los delitos ya mencionados de INVASIÓN y OBSTRUCCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO, contenidos en los artículos 353A y 263 respectivamente.

Según información, ésta cerca se encuentra en la zona ocupada por personas invasoras que hacen parte de las asociaciones de ASOYOPO y ASDEPAGRAL. Asociaciones de las cuales, sus líderes e integrantes han sido denunciados por llevar a cabo conductas delictivas similares, así como por no cumplir con los requisitos del Dcto 902 de 2017 y las exigidas por la Sentencia su-426 DE 2016 de la Corte Constitucional.(3)

5. Las comunidades de la vereda Matarratón de la Inspección de El Porvenir manifiestan que el pasado viernes 15 de marzo de 2019, observaron qué, se había hecho unas cunetas en el suelo de en promedio 4 kilómetros de larga y 3 metros de profundidad con maquinaria pesada. Según información de la misma comunidad, tales cunetas, presuntamente fueron hechas por personas que invaden ilegalmente los predios de la vereda. Esta intromisión afecta la ganadería y el pastoreo de sus animales, dejándolos confinados y sin paso a la sabana comunitaria, lugar habitual de las reses y de los campesinos para sus actividades cotidianas, afectando así la economía campesina.(4)

6. La Resol. 6423 de 2014, deja claro, que ninguna persona puede ocupar estos predios, no pueden tener expectativa alguna, por la suerte que emerge luego de la revocatoria de los 27 predios. Así las cosas, además de legitimar y estimular un delito penal – ART. 263 DEL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Consecuencia de ello, es la revictimización a las comunidades campesinas; accionantes de la Tutela SU-426/2016, ocupantes históricos categorizados por la Corte Constitucional víctimas de la violencia en un escenario agreste, ahora re-victimizados frente al desconocimiento de sus derechos ya reconocidos en la citada sentencia de unificación de 2016.

SOLICITAMOS

1. De forma urgente a las autoridades de la Policía Nacional y al Ejercito Nacional para que en el marco de sus funciones constitucionales frenen tales actuaciones delictivas, garantizando los derechos fundamentales a la vida, a la tierra, brindar protección de las comunidades campesinas e indígenas y sus territorios, así como a proteger los baldíos de la nación y acatar las sentencias de la corte constitucional.

2. A la Fiscalía General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones pertinentes, se pueda individualizar a los responsables y se haga justicia para los delitos denunciados.

3. Exigimos a la Agencia Nacional de Tierras, dar efectivos y prontos resultados de titulación entrega de la tierra en condiciones de dignidad a los CAMPESINOS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS mencionados por la Corte Constitucional, así como recuperar los baldíos de la nación por quienes no tienen el derecho, tal y como lo ordenó la corte constitucional en la Sentencia de Unificación SU426, la Resolución 6423 de 2014, la ley 160 de 1994. Así mismo iniciar acciones tendientes a garantizar la protección de los territorios ancestrales que en Puerto Gaitán fueron amparados con el decreto 2333 de la ANT.

4. A la Defensoría del Pueblo, para que, en marco de sus funciones, velen y garanticen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas, exigiendo da las autoridades de Policía y Ejército, a la administración municipal de Puerto Gaitán, mayor control y seguridad para las comunidades. Así mismo exigir a la ANT agilizar el proceso de constitución y titulación de los predios a las comunidades beneficiadas, como el proceso para determinar la ancestralidad de los territorios pretendidos de las comunidades de San Rafael Warrojo, Tsabilonia e Itwuitsulibo en el municipio de Puerto Gaitán.

5. A la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta para que, como primera autoridad civil y de policía, acatar las directrices dadas por la ANT, garantizando que no se sigan cometiendo actos delictivos y acaparamiento ilegal de tierras baldías de la nación por parte de colonos invasores; así como de garantizar que no se estén adelantando negocios de venta, arriendo y demás de los predios amparados por el decreto 2333 de la ANT.

6. A la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios para que en el marco de sus funciones como cabeza del Ministerio Público hagan seguimiento y exigibilidad de cumplimiento a las ordenes proferidas por la Corte Constitucional. Así como citar al seguimiento de la sentencia SU-426.

7. A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas – Regional Meta, para que le puedan hacer seguimiento la situación de vulneración de derechos territoriales y de Derechos Humanos de estas comunidades.

8. A la Personería de Puerto Gaitán, para que, en el marco de sus funciones como defensores de los derechos de las comunidades, se garanticen el cumplimiento de las medidas de protección emanadas por la Corte Constitucional y la ANT.

9. A la UNP Unidad Nacional de Protección, para que adelante las gestiones pertinentes para la protección colectiva de las comunidades indígenas y campesinas.

 

(1) Coordenada de la carretera ilegal construida en baldíos de la nación 4°46´51.72´´ N; 71°17´42.65 O

(2) Denuncia pública N° 35 ver en: https://corporacionclaretiana.org/2020/09/03/denuncia-publica-no-35/

(3)Denuncia pública N° 37 ver en: https://corporacionclaretiana.org/2020/12/28/denuncia-publica-no-37/

(4) Denuncia pública N° 25 ver en: https://corporacionclaretiana.org/2019/03/22/denuncia-publica-no-25-laagencia-nacional-de-tierras-sigue-permitiendo-la-invasion-de-predios-de-el-porvenir-en-el-municipio-depuerto-gaitan-departamento-del-meta/

 

Se dirige a:

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia Conmutador: (57 1) 562 9300 (+57 1) 382 28800

Fax: (+57 1) 566 20 71 E-mail: contacto@presidencia.gov.co

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Vicepresidente de la República Carrera 8A N° 7 – 57

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia.

Conmutador: (+57 1) 444 2120 (+57 1) 407 1212  E-mail: contacto@vicepresidencia.gov.co

DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ

Ministro del Interior Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C.

Sede para correspondencia – Camargo: Calle 12 No. 8 – 46 Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 1 242 74 00 (+57) 1 242 74 00 Ext. 3110 – 3111  E-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co/ notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

DIEGO MOLANO

Ministro de la Defensa Calle 26 N° 69-76 Torre 4 “Agua” Piso 9 Bogotá D.C

Teléfono: (57-1) 2660295, 3150111 Ext 40246 PBX (57-1) 315 0111

E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co

WILSON ORTÍZ OREJUELA

Ministro de Justicia y del Derecho Calle 53 No. 13 – 27 – Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1130, 1127, 1134 Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170

E-mail: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co

ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ

Unidad Nacional de Protección Carrera 63 # 14 – 97 / Primer Piso – Bogotá, D.C.

Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074

E-mail: correspondencia@unp.gov.co / atencionalusuario@unp.gov.co

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General De La Nación Carrera 5ª #. 15 – 60 –Bogotá, D.C.

Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723 PBX: (+57 1) 5878750

E-mail: quejas@procuraduria.gov.co

Procurador Delegado para Asuntos Étnicos Procuraduría General de la Nación Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C

PBX: (+57 1) 5878750

E-mail: quejas@procuraduria.gov.co / asuntosetnicos@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Calle 43 N° 57-41 – Bogotá, D.C

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E-mail: atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co

CORTE CONSTITUCIONAL Palacio de Justicia Calle 12 No. 7 – 65 – Bogotá, D.C

PBX: (57 1) 350 62 00

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CARLOS CAMARGO ASSIS Defensor del Pueblo Carrera: 9 # 16-21 – Piso 11- Bogotá, D.C

Fax: (+57 1) 3144000 Exts: 2315 – 2316

E-mail: atencionciudadano@defensoria.gov.co / asuntosdefensor@defensoria.gov.co