Solidaridad con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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En días pasados la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció publicamente falsas acusaciones provenientes de personas sospechosas en la región del Bajo Atrato. Con estas se pretende deslegitimar la ardua labor de acompañamiento a las comunidades que han resistido por décadas la violencia de grupos armados y el abandono del Estado.

En la actualidad, como lo ha venido señalando permanentemente la Comisión, esta región está controlada por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, quienes ejercen todo tipo de intimidaciones contra los pobladores manteniendolos en situación de confinamiento o generando un desplazamiento masivo en un éxodo silencioso que parece no preocupar al gobierno.

Como organización defensora de los derechos humanos, la justicia y la paz, nos expresamos en contra de las falsas acusaciones que además de deslegitimar el trabajo de la Comisión, ponen en riesgo la vida de sus integrantes y debilitan los procesos organizativos con las comunidades.

Solicitamos:

  • A la Defensoría del Pueblo, velar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y de las comunidades acompañadas por esta.
  • A las autoridades de la Policía Nacional de la región y Ejercito Nacional para que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la tierra, brindar protección, manteniendo un dialogo y coordinación efectiva.

Requerimos:

  • Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (Mapp-OEA), a la Caravana Internacional de Juristas como garantes de los derechos humanos en el mundo, exhortar al gobierno nacional para que se garanticen los derechos a la vida, a la integridad, a la tierra y el territorio de las comunidades acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en la región del Bajo Atrato.

Acusan a Danilo Rueda, de ser de FARC y promover siembra de coca

Hoy fuimos informados de una supuesta comisión de la Fiscalía que entre el pasado miércoles 4 y viernes 6 de septiembre en horas de la tarde realizó una reunión con miembros de la asociación de desplazados ASOPACA, en Turbo, Antioquia. 

En la Comisión estaba una mujer que se presentó como fiscal y un lider llamado “El Mocho”.

El sujeto manifestó que nuestro defensor de Derechos Humanos Danilo Rueda, en reuniones en Bogotá, afirmaba que no existían desplazados en Turbo, que éste vinculaciones con las FARC y que había planificado que los excombatientes de las FARC sembraran coca en el Territorio Colectivo de Cacarica.

En la reunión  “El Mocho” repartió fotografías de nuestro defensor Danilo Rueda. 

En la misma actividad el llamado “Mocho” cuestionó a los integrantes de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, sugiriendo complicidad de esa organización de familias del Consejo Comunitaria de Cacarica con el defensor de derechos humanos Danilo Rueda. 

Este tipo de aseveraciones y de falsas acusaciones en 2003 fueron el inicio de una fase de montajes judiciales contra varios defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz, entre ellos Danilo Rueda. A instancias del entonces general Jorge Enrique Mora Rangel, el montaje judicial vino acompañado de una campaña mediática de difamaciones por nuestra labor desarrollada en Cacarica.

En el mes de febrero del presente año, se conoció que existe un plan criminal para atentar contra nuestra Comisión y contra el defensor Danilo Rueda, por medio de un atentado y de montajes judiciales destinados a desestabilizar la defensa del territorio y de la vida que se hace en las comunidades.

Tomado de: justiciaypazcolombia.com

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