Entrega de informe a la Comisión de la Verdad sobre el despojo y la resistencia en los Llanos
El próximo viernes 20 de septiembre la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello entregará a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el informe Tierra y despojo en los Llanos en el marco del SEGUNDO TEJIDO Y UNUMA: NUESTRO ORIENTE ES UN TERRITORIO DE VIDA DIGNA INDÍGENA Y CAMPESINA (https://corporacionclaretiana.org/2019/09/16/encuentro-interetnico-en-puerto-gaitan-meta/).
“Tierra y despojo en los Llanos” es un informe fruto del acompañamiento de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello a comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía. El documento nos presenta tres casos emblemáticos del despojo y la disputa por la tierra en esa región de Colombia: El Porvenir en el Meta y Santa Cruz y Altagracia, en el departamento del Vichada. A pesar de que los casos planteados son historias que comenzaron hace décadas, su vigencia para los debates públicos es notable y cruza, al menos, tres problemas trascendentales para el país: el futuro de la región bautizada como La Altillanura, el manejo de los predios baldíos y la construcción de paz, los cuales paso a comentar.
La Altillanura es el nombre que se la ha dado a una subregión de la Orinoquía, en la cual se pretenden desarrollar proyectos agroindustriales de grandísima escala, convirtiéndola en la “gran despensa agrícola” y enfocando allí el desarrollo del agro colombiano. Las noticias que el centro del país percibe de esa región son de dos tipos: de un lado, los anuncios de políticas y proyectos que buscan promover la agroindustria; de otro lado, los escándalos sobre acaparamientos, apropiaciones indebidas y despojos de tierras, que usualmente involucran a personajes de gran importancia de clase política o del mundo empresarial.
De lo que no se habla casi nunca es de quienes han habitado la Orinoquía históricamente: mujeres y hombres, campesinos e indígenas, quienes nacieron allí o llegaron forzados por las circunstancias, desarrollando modos de vida propios. Esa visión de la Altillanura como “un lienzo en blanco”, funcional a los planes que comparten el Estado, los empresarios y los organismos multilaterales, parte de desconocer la presencia de sujetos propios de la región. Allí han habitado sujetos con modos de vida viables y alternativos a los de los grandes enclaves agroindustriales, que hoy se presentan como la única alternativa posible para la región. Así nos lo recuerda “Tierra y despojo en los Llanos”, con sus referencias históricas al Hato Cabiona, la época dorada de Carimagua o al origen del nombre de la comunidad indígena de Altagracia, que hace referencia a “la abundante comida que había”. Si algo ha obstruido esas dinámicas ha sido la fatal combinación de la violencia y el abandono estatal, como ejemplifica bien el texto en su descripción de la historia de El Porvenir.
En segundo lugar, el informe trae elementos interesantes en torno a una discusión clave para los asuntos agrarios: la destinación de los predios baldíos, es decir, de las tierras de la nación. Esta discusión aparece en el debate público cada vez que surge una propuesta que busca flexibilizar la normativa sobre el manejo de estas tierras. Sin embargo, parece una discusión abstracta, teórica y exclusiva del campo del derecho. Al contrario, los casos que se presentan, como El Porvenir y Altagracia, demuestran que la destinación que se dé a los baldíos resulta determinante para las vidas de las comunidades rurales. En muchos de los conflictos que ellas enfrentan, que la Ley establezca que los baldíos pueden destinarse únicamente a sujetos de reforma agraria y a la constitución de territorios étnicos, resulta fundamental para la exigencia de su derecho a la tierra.
Es por ello que se han presentado tantos intentos por modificar el régimen de baldíos, permitiendo que sean entregados a empresarios y acumulados sin ningún límite. Justamente ese es el propósito de las Zidres, pensadas para resolver a favor de los poderosos los líos de tierras en la Orinoquía, como comenta el informe.
Por último, el documento aporta a la reflexión sobre la disputa por la tierra a propósito del posacuerdo, la construcción de paz, la Verdad y la reparación para las víctimas. La idea tantas veces repetida de que la tierra ha estado en el centro del conflicto en Colombia, se hace manifiesta en lo ocurrido en la Orinoquía y en casos como El Porvenir, Santa Cruz y Altagracia. Si la tierra ha estado en el centro del conflicto, la construcción de paz debe pasar por restablecer los derechos de quienes fueron desterrados en medio de la guerra y la Verdad debe incluir lo ocurrido con la tierra y los actores que se beneficiaron del despojo.
Preocupa entonces que mientras se avanzó en la negociación del Acuerdo de Paz, se profundizó también el modelo extractivista y de agronegocios, que concentra las tierras y niega derechos a las víctimas del conflicto. Como muestra de ello, se pude citar de nuevo a las Zidres, aprobadas mientras transcurrían las negociaciones de paz en La Habana. La Ley fue firmada en Orocué y se propuso que la primera Zidres fuese en El Porvenir, ambos epicentros de la violenta disputa por la tierra en la Orinoquía, como detalla “Tierra y despojo en los Llanos”.
El informe es entonces valioso por visibilizar las historias de las comunidades de la Orinoquía, la violencia de la que han sido víctimas una y otra vez y la importancia de la región en diferentes momentos de la historia de Colombia. Pero es valioso por mostrar además su resistencia, sus esfuerzos por permanecer en el territorio, por preservar su cultura y por construir unidad en medio de las adversidades. Relata también victorias importantes, fruto de acciones jurídicas y de la persistencia de las comunidades, como lo logrado en la recuperación de las tierras de El Porvenir (a pesar de todo lo que sigue pendiente) y en la Sentencia la Corte Constitucional que impidió que allí se avanzara en la constitución de la primera Zidres.
El tiempo seguirá trayendo victorias de este tipo a las comunidades indígenas y campesinas de la Orinoquía y a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, como retribución a su trabajo constante en la defensa del territorio. De eso no deben quedarnos dudas.
Andrés Fuerte
