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Bogotá D.C. 11 de febrero de 2020

 

 

 

DENUNCIA PÚBLICA No. 29

 

 

CONTINUAN INVASIÓN, CERCAMIENTO Y DAÑOS AMBIENTALES EN EL PORVENIR (MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, DEPARTAMENTO DEL META.)

 

 

HECHOS:

 

Desde el pasado 26 de diciembre de 2019, presuntos invasores de la sabana vienen cercando grandes extensiones de tierras y con ello, han realizado tala de árboles, quema de sábana y daños a puntos acuíferos por paso de tractores. Estas personas argumentan a la comunidad denunciante que son abogados y cuentan los respectivos permisos para realizar esta labor. Aún cuando estas acciones van en contravía de las disposiciones de la Sentencia Unificada 426 de 2016.

Al día de hoy dicha cerca cuenta con una distancia aproximada de 12 kilómetros y ha sido levantada sin consulta alguna a las comunidades o a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según testimonio de los líderes, el cercado se extiende desde la finca del señor Floro Salgado hasta el caño Los Chingueles, afectando al menos 10 fincas de campesinos históricos de la vereda. Esto ha perjudicado el paso a los predios, restringido el pastoreo de ganado en sabanas que por años han sido de uso comunitario, generado una lógica de confinamiento al interior de la comunidad e imposibilitado el uso de los bajos para las actividades agrícolas propias de los campesinos.

La comunidad manifiesta su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades y ausencia de las mismas para corroborar la situación en territorio y así mismo interlocutar con las personas que vienen cercando, ya que  el diálogo entre la comunidad histórica y quienes realizan este cercado puede incrementar la ya situación de inseguridad de los lideresas y lideresas de El Porvenir[1], quienes han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por su labor como defensores y defensoras del territorio.

 

De manera paralela, los predios registrados como baldíos, a partir de la Resolución 6423 de 2014, han venido siendo invadidos desde el año 2015 por extrabajadores de Víctor Carranza, por testaferros de estos y de tierreros claramente conocidos por las autoridades locales departamentales y nacionales. Invasiones denunciadas anteriormente por la comunidad y la Corporación acompañantes

 

SITUACIÓN ACTUAL:

 

Como organizaciones acompañantes de los habitantes históricos y víctimas del conflicto de la inspección de El Porvenir, consideramos que el lento actuar de la Agencia Nacional de Tierras para esclarecer la situación jurídica de los predios y formalizarlos de acuerdo a las disposiciones de la SU 426 de 2016, ha agudizado los conflictos entre los campesinos históricos, la comunidad de ASEINPOME y quienes llegaron a ocupar la sabana. Poniendo en riesgo la vida tanto de los accionantes de la sentencia como del asentamiento indígena quienes han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y usurpación de sus ganados.

 

Actualmente Continúa la Invasión del predio el Porvenir, el Cercamiento indiscriminado de terrenos Y los Daños Ambientales En El Porvenir (Municipio De Puerto Gaitán, Departamento Del Meta.), lo anterior ante la mirada indiferente y omisiva de las autoridades y entidades del Orden Local Y Nacional.

 

Los habitantes históricos de la vereda Matarratón, Inspección El Porvenir, junto con la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro, denunciamos a nivel local, nacional e internacional los graves hechos de invasión, cercamiento, daño ambiental y confinamiento a las que son sometidas las comunidades CAMPESINAS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS.

 

El pasado 30 de enero, con acompañamiento del Ejercito el presidente de la JAC de Matarratón realizó visita a las zonas afectadas, encontrando allí tractores y 3 trabajadores encargados de realizar la cerca, quienes afirmaron que quien los contrato fue el señor Carlos Romero y que cuenta con los permisos de las instituciones para dicha labor.   Frente a esto, la comunidad histórica asegurar no conocer a nadie con este nombre que viva en la región.

 

En dicha visita el cabo del Ejercito se comunicó con el señor Romero, quien se presenta como parte de ASOYOPO aseguró “Que ocupante que no tenga cercado según el plano y debida ocupación de acuerdo al plano de la ANT le suspenden de la expedición de escritura”. Además, los convocó a una reunión el sábado siguiente para mostrarle la documentación legal que posee para realizar dicha acción al Ejercito y a los lideres de la comunidad.  La reunión finalmente no se llevó a cabo.

 

El pasado 24 de enero el presidente de la Junta de Acción Comunal de Matarratón, realizó denuncia de la situación ante la Agencia Nacional de Tierras, CORMACARENA, Policía de Puerto Gaitán y Batallón 28 De Ingenieros. Sin embargo, no ha recibido respuesta formal de ningún a entidad.

 

En octubre del año pasado, la lideresa Luz Marina Arteaga denunció la presencia de personas extrañas a la comunidad en la vereda, quienes preguntaban por ella y según testimonios de sus vecinos merodeaban su finca durante horas en espera de la lideresa. Hoy en día, la señora Arteaga se encuentra en condición de desplazamiento sin garantías de retorno a su predio.

 

Estos hechos sobre daños en el suelo de la vereda ya se habían presentado en marzo del año pasado[2], igualmente fueron denunciados tanto por la comunidad como por las organizaciones acompañantes, sin encontrar alguna acción o respuesta por parte de las autoridades pertinente ni avance sobre las solitudes realizadas.

 

 

 

 

EXIGIMOS:

 

  1. Exigimos a la Agencia Nacional de Tierras, hacer presencia en la vereda en mención en aras de corroborar la situación. Dar efectivos y prontos resultados de titulación entrega de la tierra en condiciones de dignidad a los CAMPESINOS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS mencionados por la Corte Constitucional, bajo los llamados hechos por el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario, así como aplicar las limitaciones con las que cuentan algunas personas invasoras de la sabana, quienes como ustedes mismo lo han dicho, no cumplen con los requisito de tiempo y otros, en punto del respeto y acatamiento a la Sentencia de Unificación, la Resolución 6423 de 2014, la ley 160 de 1994.

 

  1. A CORMACARENA adelantar acciones de vigilancia y sanción sobre los daños al medio ambiente que se vienen ocasionando en la Vereda al realizar este cercamiento.

 

  1. De forma urgente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- las autoridades de la Policía Nacional de la región y al Ejercito Nacional para que en el marco de sus funciones frenen tales actuaciones de invasión, garantizando los derechos fundamentales a la vida, a la tierra, brindar protección de las comunidades campesinas y sus territorios.

 

  1. A la Fiscalía General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones pertinentes, y que tales investigaciones se lleven realmente a buen término y sin dilaciones tal como se ha venido presentando en la actualidad, ya que en que muchas de las denuncias presentadas por estos graves hechos y por otros que ocurren en esta región, las investigaciones se  encuentran en diferentes seccionales sin que realmente hayan avances o se vea reflejada una verdadera de investigar, esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

 

  1. A la Gobernación del Meta y demás entidades vinculadas en la Sentencia STP16298 de 2015 Rad. 82848 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 2, el cumplimiento de dichas ordenes en coordinación con la comunidad afectada por la dilación en su cumplimiento.

 

  1. A la Alcaldía y Personería Municipal de Puerto Gaitán – Meta, llevar a cabo la defensa de los derechos de las comunidades CAMPESINAS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS mencionados por la Corte Constitucional quienes soportan la calidad de víctimas colectivas declarados así por la UARIV, así mismo, aperturar las preventivas que en el marco de sus funciones considere pertinente, sentando precedentes de justicia, como bien lo ha sabido hacer.

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAMOS:

 

  1. A la Honorable Corte Constitucional de Colombia que efectúe seguimiento al cumplimiento de su Sentencia SU-426 de 2016, con el fin de que los derechos fundamentales de las COMUNIDADES CAMPESINAS ACCIONANTES y demás OCUPANTES HISTÓRICOS de El Porvenir sean finalmente protegidos y garantizados por parte de las entidades encargadas de su materialización.

 

  1. A la Procuraduría General de la Nación su inmediata intervención exigiendo a las autoridades competentes respuestas inmediatas en pro de la defensa y salvaguarda de los derechos de las comunidades CAMPESINAS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS mencionados por la Corte Constitucional quienes ostentan la calidad de víctimas colectivas declarados así por la UARIV. Así mismo, investigue y/o compulse copias a la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio ya la Corte Constitucional sobre el dilatorio, permisivo y negligente actuar de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras – ANT en el cumplimiento de la Sentencia SU-426 de 2016, que tiene como consecuencia las agresiones acá citadas y otras denunciadas en otrora que atentan contra la vida e integridad de las comunidades legitimadas por la sentencia de unificación.

 

  1. A la Defensoría del Pueblo, velar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades CAMPESINAS ACCIONANTES DE LA SENTENCIA SU-426 DE 2016 y demás OCUPANTES HISTÓRICOS mencionados por la Corte Constitucional quienes ostentan la calidad de víctimas colectivas declarados así por la UARIV indígenas del Porvenir, así como su permanente acompañamiento analizando la posibilidad de emitir una Alerta Temprana, y así evitar mayores perjuicios por el incumplimiento y la legitimación de la invasión.

 

  1. Se deja constancia de la denuncia, así como se ha puesto en conocimiento otros hechos de invasión, se responsabiliza al Estado Colombiano, ya que en diferentes oportunidades la comunidad ha denunciado hechos de amenazas, extorciones y hostigamientos, invasión, intromisión y no se han visto los resultados de esas investigaciones.

FOTOS DE CERCADO:

           

FOTOS QUEMA DE SÁBANA:

Se dirige a:

 

 

IVAN DUQUE MARQUEZ

Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia

Conmutador: (57 1) 562 9300 (57 1) 562 9300,

Fax: (+57 1) 566 20 71

e-mail: contacto@presidencia.gov.co

 

MARTHA LUCIA RAMIREZ

Vicepresidente de La República de Colombia

Carrera 8a No. 7-57.

Conmutador (57 1) 562 9300(57 1) 562 9300

e-mail: contacto@presidencia.gov.co,   notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

 

GUILLERMO BOTERO NIETO

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

e-mail: usuarios@mindefensa.gov.co

 

 

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

Ministra del Interior

Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C.

Sede para correspondencia – Camargo: Calle 12 No. 8 – 38 Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 1 242 74 00(+57) 1 242 74 00

e-mail:servicioalciudadano@mininterior.gov.conotificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

 

PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ

Unidad Nacional de Protección

Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074 / correspondencia@unp.gov.co

 

GLORIA MARÍA BORRERO RESTREPO

Ministro de Justicia

Calle 53 No. 13 – 27 – Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1820

Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170

e-mail: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co

 

FERNANDO CARRILLO

Procuraduría General De La Nación

Carrera 5ª nro. 15 – 60 (Bogotá)

Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723

e-mail: quejas@procuraduria.gov.co, dcap@procuraduria.gov.co

 

HILMER LEONEL FINO ROJAS

Procurador Judicial Ii

Procuraduría 6 Judicial II Agraria Villavicencio

hfino@procuraduria.gov.co

 

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+57 1) 640 0491

email: asuntosdefensor@defensoria.gov.co,        sat.gdocumental@defensoria.gov.co, mediosdefensoria7@gmail.com

 

 

FABIO ESPITIA GARZÓN

Fiscalía General de la Nación

Tel: 091-2871960

e-mail: contacto@fiscalia.gov.co

 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Subdirectora de Sistemas de Información de Tierras Dirección de Gestión Del Ordenamiento Social de la Propiedad.

Directora de Asuntos Étnicos – Agencia Nacional de Tierras

atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Palacio de Justicia Calle 12 No. 7 – 65 – Bogotá, D.C

PBX: (57 1) 350 62 00

E-mail: info@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS – OACNUDH

OFINCINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU EN VILLAVICENCIO

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636

Fax: (+57 1) 629 3637

e-mail: oacnudh@hchr.org.co

 

RICARDO ÁRIAS MACIAS

DIRECCIÓN DE DD.HH. DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección: Calle 12 No. 8 – 38 Bogotá, D.C.

Ricardo.arias@mininterior.gov.co  Angela.garavito@mininterior.gov.co

 

 

CORMACARENA

info@cormacarena.gov.co

 

 

Magistrado:

ALBERTO ROJAS RIOS.

Honorable Corte Constitucional.

 

Doctora:

MYRIAM CAROLINA MARTINEZ

Agencia Nacional de Tierras.

 

Doctor:

CARLOS HOLMES TRUJILLO

Ministro de la Defensa

 

Doctora:

ALICIA ARANGO

Ministra del Interior

 

Doctor:

FRANCISCO BARBOSA.

Fiscal General de la Nación.

E.S.D.

 

Doctor:

PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI

Unidad Nacional de Protección

E.S.D.

 

Doctora:

MARGARITA CABELLO BLANCO

Ministra de Justicia

 

Doctor:

FERNANDO CARRILLO

Procuraduría General De La Nación

Carrera 5ª nro. 15 – 60 (Bogotá)

 

Doctor:

ANDRES VALENCIA

Ministerio de Agricultura:

E.S.D.

 

Señor:

ANDRES FELIPE GARCIA.

Director de Cormacarena.

 

Señor:

JORGE PLAZA.

Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán

E.S.D.

 

Señor:

JUAN GUILLERMO ZULUAGA

Gobernador del departamento del Meta

E.S.D

 

Atentamente,

 

CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO – CJYC  

CORPORACIÓN CLARETIANA NORMÁN PÉREZ BELLO – CCNBP

 

[1] A la fecha de presentación de esta denuncia pública, dos líderes de la comunidad se encuentran en condición de desplazamiento por falta de garantías de seguridad para habitar El Porvenir.

[2] El pasado viernes 15 de marzo de 2019 se hicieron unas cunetas en el suelo de un promedio 4 kilómetros de larga y 3 metros de profundidad con maquinaria pesada

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