HAN PASADO 20 AÑOS… DE LAS MASACRES DE MAPIRIPÁN AL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS CON DAÑOS AMBIENTALES

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20 años se conmemoran de las masacres ocurridas en Mapiripán – Meta entre julio  de 1997 y mayo de 1998, cuando  aproximadamente un centenar de integrantes del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC,  en colaboración y con el consentimiento de agentes del Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a decenas de personas según confesiones de autores materiales del hecho.

 

 

20 años se conmemoran de las masacres ocurridas en Mapiripán – Meta entre julio  de 1997 y mayo de 1998, cuando  aproximadamente un centenar de integrantes del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC,  en colaboración y con el consentimiento de agentes del Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a decenas de personas según confesiones de autores materiales del hecho.

La masacre que hizo parte del proyecto de expansión paramilitar en los llanos orientales, se inició  en el casco urbano del municipio de Mapiripán, fue avanzando por veredas y corregimientos como Puerto Alvira, La Cooperativa, Charra, entre otras, convirtiéndose quizás en uno de los hechos más macabros de la historia reciente de nuestro país.

Por este hecho, el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, fue condenado a 37 años de prisión en 2014, por el delito de comisión por omisión, de los homicidios agravados y secuestros simples ocurridos en el municipio[1]. Por estos  hechos también han sido condenados el coronel Lino Sánchez, quien falleció en prisión, el Mayor Hernán Orozco Castro, junto con otros mandos militares de la época en la región, y está vinculado a la investigación el general Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada, con sede en Urabá desde donde despegaron dos aviones con paramilitares para llegar a la zona

También han sido condenados los paramilitares Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quienes reconocieron su autoría en los hechos y solicitaron sentencia anticipada en junio de 2013. De igual manera, en noviembre de 2015, fue condenado Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel, Mauricio, o Cachama”, y también han sido condenados los paramilitares Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’ y Dúmar Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’, entre otros.

De acuerdo a las confesiones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso una de las masacres, la ocurrida en el casco urbano del municipio, se preparó con más de seis meses de anticipación con el apoyo del Ejército Nacional, en reunión con el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, en donde se dividieron tareas, se aportaron hombres y dinero[2].

El pasado 5 de mayo, en el marco de la Ley 1820 de 2016 de amnistía e indulto y otros tratamientos penales diferenciales, que prevé libertades transitorias bajo el compromiso de comparecer a la Jurisdicción Especial para la paz, cuando esta se cree. El general Uscátegui Ramírez fue dejado en libertad por el juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá, alegando su inocencia y anunciando la solicitud de revisión de su condena en la JEP.

Las víctimas y organizaciones acompañantes rechazamos con indignación la libertad concedida toda vez que no encontramos un ánimo real de aportar a la verdad y la reparación de lo sucedido.

Debido a las múltiples masacres, homicidios y violaciones a los derechos humanos que se realizaron en este municipio, 511 familias salieron desplazadas sin que hasta hoy hayan logrado la restitución de sus tierras ni han sido reubicadas en las condiciones en que establece la ley.

A pesar del mandato de la Corte Interamericana al Estado de reparar a todas las víctimas, la negligencia política e institucional no ha permitido hacer efectiva e integral esta obligación. La mayoría de la población desplazada no han sido reubicada en condiciones dignas, y aquella que han podido regresar a sus tierras lo han hecho sin acompañamiento del Estado, es decir, sin garantías de seguridad y estabilidad socioeconómica.

Por otra parte, los grupos paramilitares posdesmovilización, continúan hoy ejerciendo control en la región, cometiendo diferentes violaciones a los Derechos Humanos, en especial, contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, quienes han denunciado la apropiación de grandes extensiones, y los impactos ambientales de la agroindustria de palma aceitera que desarrolla la multinacional de origen italiano Poligrow.

Han transcurrido 20 años desde la masacre, 20 años de impunidad e incumplimientos. Pero también 20 años de memoria, resistencia y lucha inclaudicable por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nuestro objetivo último es hacer realidad el sueño de Mapiripán como un territorio de paz con justicia social y ambiental.

¡Que no se olvide!

¡Que no se repita!

[1] La Corte Suprema de Justicia “determinó que Uscátegui Ramírez, en calidad de comandante de la VII Brigada del Ejército, tenía mando operacional sobre el Batallón de Infantería Joaquín París, el más cercano al lugar y cuyo comandante, el mayor Hernán Orozco Castro, le informó oportunamente la toma violenta del municipio de Mapiripán por parte del grupo de paramilitares que se desplazó hasta allí desde la zona del Urabá Antioqueño. No obstante, omitió adoptar medidas en favor de los habitantes de la localidad.” (5) En su fallo la Corte establece que la masacre existe independientemente del número de víctimas, hayan sido estas 13, 49 ó 77.

 

[2] http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/4262-condenan-a-salvatore-mancuso-por-masacre-de-cano-jabon

http://humanidadvigente.net/pronunciamiento-publico-de-las-victimas-sobrevivientes-de-las-masacres-de-mapiripan-meta/