DENUNCIA PÚBLICA No. 48-2022 EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DESCONOCE DERECHOS EN TERRITORIO ANCESTRAL INDIGENA
NUEVOS HECHOS DE HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA DE DESALOJO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN EN EL META HACIA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE IWUITSULIBO
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos, se permite comunicar las denuncias de las comunidades indígenas de Puerto Gaitán – Meta, según las cuales el inspector de policía rural y la administración municipal, vienen hostigando a la comunidad indígena de Itwuitsulibo, desconociendo que esta comunidad tiene abierto expediente en el marco del decreto 2333 de 2014, el cual suspende las acciones policivas sobre el territorio.
1. HECHOS
La comunidad indígena de Iwuitsulibo, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, nos informa que el jueves 17 de marzo de 2022, siendo aproximadamente las 9:30 a.m. llegaron hasta la comunidad indígena un grupo de funcionarios del Ministerio del Interior, Personería municipal, el Enlace de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Meta, Bienestar Familiar, la Comisaria de Familia y, como responsable de la diligencia, el Inspector de Policía Rural de Puerto Gaitán, acompañados del señor Ernesto Martínez, conocido como “Cajuche”, a quien lo acompañaba su abogado y un indígena que hacia las veces de traductor de la lengua de los indígenas. Luego de presentarse la delegación a la comunidad el inspector de Policía, manifiesta que esta diligencia y otras anteriores habían sido notificadas a la comunidad y que ellos venían a caracterizar a la comunidad indígena de Iwuitsulibo para que pudieran acceder a programas del gobierno. Ante esto los capitanes presentes en este momento en la comunidad manifestaron que no era posible atender esta diligencia pues no habían sido notificados y segundo porque la autoridad (Cabildo gobernador) se encontraba fuera de la comunidad y qué él era la persona con la autoridad para autorizar la diligencia solicitada por el inspector de Policía.
Ante la negativa por parte de la comunidad y los capitanes presentes el señor Ernesto Martínez “ Cajuche”, en tono altanero y vulgar les dijo que él ya les había advertido que no trabajaran dentro del territorio y seguido manifestó que como ya no había sido posible entregar esos datos, entonces en los próximos 15 o 20 días siguientes se iba a hacer un desalojo forzado, y comenzó a tomarle fotos a los capitanes y lideres de la comunidad indígena que habían hablado. Todo esto sucedió en presencia del inspector de policía rural y de toda la comitiva, sin que nadie dijera nada por la palabras amenazantes proferidas por alias “ Cajuche”, como le conocen en la región.
Enseguida el grupo de funcionarios públicos se reúnen durante un buen rato con el Señor Martínez “Cajuche”, en un acto de acoso a la comunidad y sin mediar más palabras se van en 4 camionetas.
Cabe anotar que, en la última semana de enero de 2022, el señor ALEXANDER ALVAREZ cabildo gobernador de Iwitsulibo fue abordado por un señor, quien manifestó que en adelante representaría los intereses de los Menonitas, ya que ABRAHAM GLOGER había salido de la misma producto de las denuncias interpuestas por los indígenas. En este momento le manifestó que ellos iban a poner una puerta sobre la vía pública que conduce a la comunidad de Iwitsulibo y que solamente iban a dejar pasar a las personas de la comunidad que ellos iban a carnetizar y que para expedir los carnets debían pasar a ellos el censo de la comunidad.
Estos hechos continuados de amenaza del señor Ernesto Martínez, alias “Cajuche” hacia la comunidad indígena, sumados a la actitud del inspector de policía rural de Puerto Gaitán que desconoce la suspensión de los procesos policivos por la apertura del expediente 2333 de 2014 desconociendo los derechos ancestrales.
2. ANTECEDENTES
– El día miércoles 8 de septiembre de 2021, hacia las 9 am, el señor ALEXANDER ALVAREZ, cabildo gobernador de la comunidad indígena de ITWUITSULIBO, se encontró con el señor ABRAHAM GLOGER, de la comunidad religiosa de Los Menonitas, en la finca Liviney, de la vereda de Cristalinas, en el municipio de Puerto Gaitán, al reconocerlo el señor ABRAHAM se dirigió al cabildo gobernador diciéndole que no siguiera molestando y trayendo más gente al territorio ancestral de ellos, porque si no le iba a mandar a matar, que iba a dar una plata a los paramilitares para que le mataran.
– El domingo 12 de septiembre el mencionado cabildo gobernador se encontraba en La Cristalina, cuando recibe una llamada de su casa informándole que el señor ABRAHAM GLOGER se encontraba frente a su casa con dos personas encapuchadas y con pistolas cortas preguntando por el señor Alexander Álvarez y diciendo que tenían que buscarlo y matarlo, al no encontrarme, estuvieron buscándolo por el territorio ese día.
– Para el lunes 13 de septiembre el señor Alexander Álvarez, hacia las 3 pm, recibe una llamada a su celular del número 3227355152 de una persona que dijo llamarse Juan Camilo, al que el señor Álvarez no conoce, y le propone que se encuentren en La Florida, que es un sitio solo y alejado, donde trabajan los Menonitas, para proponerle un negocio. El señor Alexander se negó a una cita en este lugar y le propuso que mejor se encontraran en la terminal de buses de La Cristalina, ante la negativa de esta persona el cabildo gobernador le colgó y no contestó las llamadas que en adelante le hicieron de este número. En seguida del mismo número llamaron al celular de una de las hijas del señor Alexander e identificándose la persona como Juan Camillo, jefe de los paramilitares y que le citaba a la Cristalina porque “me iba a matar y que eso era con toda la familia”. Al día siguiente llaman a otro hijo del cabildo gobernador del mismo número, identificándose nuevamente como Juan Camilo y diciéndole que tenían tres (3) horas para abandonar el territorio que los tenían vigilados o que de lo contrario los matarían a todos.
– El día 30 de junio de 2021, siendo las 10:30 am indígenas de la comunidad de Iwitsulibo que se encontraban en actividades de cacería fueron abordados por ocho (8) hombres con armas cortas y largas que se movilizaban en 4 motos, quienes son reconocidos por ser trabajadores y administradores de las fincas “La Piedra”, “Malabare”, “Casa Verde” y “Manoa”. Inmediatamente, proceden a acusar a los indígenas de estar robándose una chatarra que tenían en una casa desocupada, ante esto. se defendieron manifestando que venían persiguiendo a una presa de caza y que por esa razón se habían adentrado en lo que es el territorio ancestral de Tsabilonia[1], colindante con el territorio ancestral de Itwuitsulibo, pero que ellos no estaban robando nada. Sin embargo, fueron encañonados y obligados a salir del territorio.
Llegando a la comunidad los indígenas que habían sido amenazados, unos diez (10) minutos después llegaron 6 de los hombres, en tres (3) motos que los habían detenido, pero venían solo con armas cortas, las cuales desenfundaron y exhibieron en todo momento, preguntaron por el gobernador y le reclamaron porque supuestamente los comuneros indígenas estaban robando una chatarra. Ante esto. el gobernador ALEXANDER ALVAREZ les aclaró que ellos se encontraban de cacería y no robando nada. Seguidamente, el administrador de la finca “Malabares” (quien comandaba el grupo de hombres que amenazaron a los comuneros indígenas) se retiró amenazando que “no respondemos si se pasan al otro territorio (territorio ancestral de Tsabilonia)”
– Por dos oportunidades ha sido abordado un miembro de nuestra Corporación, que forma parte del equipo que acompaña a Itwuitsulibo y otras comunidades indígenas y campesinas de la Altillanura, para ofrecerle dinero a cambio de que deje de defender la pretensión de los indígenas de recuperar y defender el territorio ancestral que ocupan los menonitas y otros ocupantes que quieren venderle sus tierras a este grupo religioso; incluso el señor Ernesto Martínez, conocido con el alias de “Cajuche” le reenvío al WhatsApp un audio donde se escucha a una persona con acento extranjero diciendo que “a los abogados que defienden a los indígenas hay que ofrecerles plata, tú sabes que contra la plata nadie puede”
– El 26 de enero de 2021 hasta el territorio ancestral de la comunidad indígena de la etnia Sikuani de IWITSULIBO, también en el municipio de Puerto Gaitán llegó el teniente Yonier Benavidez del comando de policía de Puerto Gaitán, acompañado de un funcionario de la Personería del mismo municipio y por lo menos 6 hombres contratados por el Sr. ERNESTO MARTÍNEZ, conocido con el sobre nombre o alias de “CAJUCHE”, quien aprovechó el momento en el que los indígenas mostraban la documentación a la policía, en la que se demuestra que hay una medida de protección del territorio en el marco del decreto 2333 de 2014, para tumbar dos cambuches o viviendas improvisadas donde llegaron los indígenas el pasado 20 de enero.
Así mismo, y según información aportada por la misma comunidad a la Corporación Claretiana NPB, luego de más de en promedio 2 horas de dialogo con el Tnte. Benavidez, este decide suspender el operativo, considerando validos los argumentos y pruebas documentales que habían mostrado los líderes de la comunidad indígena, a lo que el Sr. Ernesto Martínez, alias “Cajuche”, de inmediato dijo: “si no se pudo con la policía, pues traeré el ESMAD y sino tocará con otro grupo” y se retiró del lugar.
– El día 20 de enero de 2021 las comunidades indígenas de Iwitsulibo retornaron a su territorio ancestral amparados en la medida de protección del territorio del Agencia Nacional de Tierras – ANT.
– El 21 de enero siendo aproximadamente las 10:30 a.m. llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios. La comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, mediante cual, la misma ANT solicitó por medio de un auto a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios. Ante esta situación el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias “Cajuche” profirió una amenaza contra la comunidad indígena, esto en presencia del sr. Salas intendente de Policía: “si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”.
– En varias oportunidades las comunidades indígenas habían intentado ingresar al territorio ancestral, pero lo han impedido por los ex-administradores o personas que manifiestan tener títulos y procesos de adjudicación ante la ANT, a pesar que las comunidades indígenas de San Rafael Warrojo, Iwitsulibo, Tsawilonia Weewelianai y San Rafael hicieron solicitud de protección al territorio en el marco del decreto 2333 de 2014 a la ANT abriéndose expedientes por parte de esta para cada comunidad, en los que mediante Auto de la misma ANT en el año 2018 dirigido al alcalde de Puerto Gaitán, se le conmina al alcalde, que con ocasión del trámite de protección territorial ancestral deben suspenderse todos los procesos policivos que cursen, y no tramitar aquellos que se presentaren .
– Las comunidades indígenas tienen adelantada la solicitud de restitución de tierras en calidad de víctimas de la violencia ante la Unidad de Restitución de Tierras – URT.
– Tenemos conocimiento de manera oficial que, al parecer esta semana, se llevó a cabo un consejo de seguridad, en el que la posición de la alcaldía y de la misma personería municipal, fue la de desalojar a las comunidades indígenas, yendo en contra de las mismas directrices de la Agencia nacional de Tierras, de no llevar a cabo procesos policivos, mostrando con ello, una actitud racista que contrarían la defensa de la vida, así como demás derechos colectivos de las comunidades indígenas como bienes constitucionalmente protegidos.
Por lo anterior,
- SOLICITAMOS
- A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa para que en el marco de sus funciones constitucionales y respetando las medidas de protección del territorio ancestral emanadas del decreto 2333 de 2014 puedan garantizar la seguridad de la comunidad indígena de Iwuitsullibo de las amenazas que contra ellos ha proferido la comunidad de los Menonitas y el señor Ernesto Martínez, alias “Cajuche”
- A la Agencia Nacional de Tierras – ANT, para que no retrasen, el proceso de protección ancestral del expediente ya abierto en el marco del decreto 2333 de 2014.
- A la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen las amenazas reiteradas en contra de la comunidad indígena por parte de la comunidad religiosa de Los Menonitas y del señor Ernesto Martínez, alias “Cajuche”
- A la Defensoría del Pueblo, para que, en marco de sus funciones constitucionales exijan a las respectivas autoridades de policía y de la administración municipal, departamental y nacional el respeto por el decreto 2333 de 2014 y el debido proceso para las denuncias que se han hecho por parte nuestra en relación a los hechos mencionados.
- A la Alcaldía Local de Puerto Gaitán – Meta e Inspector de Policía de Puerto Gaitán para que, como primera autoridad civil y de policía, acatar las ordenes de suspensión de procesos policivos sobre el territorio ancestral que está ocupando la comunidad indígena de Iwuitsulibo.
- A la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones como cabeza del Ministerio Público, y a la Personería de Puerto Gaitán para inicie las investigaciones para abrir proceso disciplinario en contra del inspector de policía de Puerto Gaitán y demás funcionarios intervinientes en la diligencia del día 17 de marzo de 2022 objeto de esta denuncia.
- A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas – Regional Meta, para que le puedan hacer seguimiento a la situación de vulnerabilidad y amenaza de violación de DDHH de la comunidad indígena de Iwuitsulibo.
Bogotá D.C. 22 de marzo de 2022.
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Se dirige a:
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8A N° 7 – 57
Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia
Conmutador: (+57 1) 444 2120 (+57 1) 407 1212
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DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ
Ministro del Interior
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Sede para correspondencia – Camargo: Calle 12 No. 8 – 46 Bogotá, D.C.
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DIEGO MOLANO
Ministro de la Defensa
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WILSON ORTÍZ OREJUELA
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ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ
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MARGARITA CABELLO BLANCO
Procuradora General De La Nación
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AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
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Defensor del Pueblo
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JHORMAN SALDAÑA
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SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Carrera: 9 # 16-21 – Piso 11- Bogotá, D.C
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CORONEL OSCAR FERNANDO DAZA SUÁREZ
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FRANCISCO BARBOSA DELGADO
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MARISOL DURÁN DEVIA
Personera de Puerto Gaitán
Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. – Puerto Gaitán (Meta)
Teléfono: (057) 6 460 050
E-mail: personeria@puertogaitan-meta.gov.co
[1] Los indígenas Sikuani de Tsabilonia habiendo entrado en enero de 2021, por las fuertes presiones de parte de la policía nacional, como de las personas que están ocupando su territorio ancestral tuvieron que salir luego de estar casi 3 meses en el territorio.