PLATAFORMAS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y COLOMBIANAS SE DIRIGEN AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PEDIR SE RENUEVE EL MANDATO DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ DE 2016

En comunicación del 26 de agosto, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el Equipo Claretiano ante la ONU, junto a un amplio número de organizaciones colombianas e internacionales, se dirigieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar a los miembros del consejo renovar el mandato de la Misión de verificación e implementación del acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano y las FARC.

La Comunicación enfatiza la falta de voluntad política del gobierno colombiano para cumplir de manera integral el acuerdo final de paz.

Entre las recomendaciones y solicitudes las organizaciones plantean:

• Un plan de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de las personas en proceso de reintegración y las víctimas del conflicto armado.
• Implementación continua del enfoque de género diferenciado incluido en el acuerdo de paz final.
• Verificación de la Resolución 2532 que insta a quienes todavía están alzados en armas a acatar un alto el fuego multilateral que brinda ayuda humanitaria a las comunidades étnicas rurales violentamente atacadas.

La carta Fue entregada a las Delegaciones en sus respectivos idiomas, Ingles, Castellano y Francés.

 

National and international Colombian platforms, communities and organizations are addressing the United Nations Security Council to ask for the renewal of the mandate of the verification mission of the 2016 Peace Agreement.

In a communication dated August 26, the Claretian Corporation Norman Pérez Bello and the Claretian Team before the UN together with a large number of Colombian and international organizations addressed the UN Security Council requesting the members of the council to renew the mandate of the Mission of verification and implementation of the peace agreement signed by the Colombian State and the FARC.

The Communication emphasizes the lack of political will of the Colombian government to fully comply with the final peace agreement.

Among the recommendations and requests, the organizations state

– A security and surveillance plan that guarantees the life and physical integrity of people in the process of reintegration and victims of the armed conflict.

– Continued implementation of the differentiated gender focus included in the final peace agreement.

– Verification of Resolution 2532 which urges those who are still in arms to abide by a multilateral ceasefire that provides humanitarian aid to violently attacked rural ethnic communities.

The letter was delivered to the delegations in their respective languages, English, Spanish and French.

 

 

 

Vea el texto  de la carta aquí.

 

 

Las organizaciones y plataformas firmadas quisieran expresar nuestro agradecimiento a las Naciones Unidas, al Secretario General António Guterres, a los países del Consejo de Seguridad y a la Misión de Verificación en Colombia por apoyar el Acuerdo de Paz Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción. de una Paz Estable y Duradera, suscrito en noviembre de 2016, y para verificar su implementación, especialmente los puntos 3.2 y 3.4 que se refieren al Fin del Conflicto Armado.

Reconocemos que el desarme de la exguerrilla de las FARC y las más de 13 mil personas que actualmente se encuentran en proceso de reintegración son importantes pasos hacia adelante. Sin embargo, han pasado tres años y medio desde el inicio de la implementación del acuerdo definitivo y cuatro meses desde la declaración oficial de la emergencia social provocada por la pandemia. Hemos observado con profunda preocupación la falta de voluntad política del gobierno nacional para implementar el acuerdo de paz. Podemos apoyar este reclamo con los testimonios de comunidades e informes de verificación nacionales e internacionales. Confirmamos que la mayoría de los excombatientes no tienen tierra para trabajar y retrasos importantes en los puntos relativos de Reforma Rural Integral (parte 1), participación política (parte 2), desmantelamiento del crimen organizado (parte 3),

La presencia militarizada en los territorios no asegura la vida y las libertades de los ciudadanos y la paz. En Colombia, desde la firma del acuerdo de paz definitivo y hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y 215 personas en proceso de reintegración han sido asesinados en estas zonas militarizadas. En otras zonas con controles de perímetro territorial se ha incrementado la criminalidad y el poder de varios grupos armados.

Abogamos por el respeto y la plena implementación del acuerdo de paz definitivo firmado por el Estado colombiano y las FARC; la adopción de medidas efectivas que garanticen la reintegración; el debido funcionamiento de las instancias pactadas en el convenio como el CSIVI, que monitorean la implementación y las garantías de seguridad de las personas en proceso de reintegración; ya la Comisión de Garantías de la Seguridad Nacional, por el pleno cumplimiento del mandato de desmantelamiento de grupos y conductas que amenazan a los líderes sociales del país.

Con el propósito de dar pleno cumplimiento al acuerdo de paz definitivo y reconocer la importante tarea de monitoreo que la Misión de Verificación, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU, ha realizado para Colombia, solicitamos la renovación del mandato y la inclusión explícita de:

1) Verificar el cumplimiento de las sanciones por parte del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para todas las partes, que se incluye en el inciso 5.1.2 numeral 53 d) del acuerdo final. Es necesario verificar los sitios donde se implementarán las sanciones, además del plan de seguridad y vigilancia que garantiza la vida e integridad física de los sancionados y las víctimas de estos territorios.

2) Monitorear la implementación de la dimensión diferenciada de género del acuerdo final de paz, que es un logro reconocido, pero también que requiere recursos humanos y financieros adicionales. Necesita procesos continuos de precisión y verificación en su implementación con respecto a los compromisos con las mujeres y los pueblos étnicos.

3) Apoyar y posiblemente verificar la Resolución 2532 del 1 de julio de 2020 del Consejo de Seguridad de la ONU e invitar al gobierno colombiano y a todos los que aún se encuentran armados a acoger el cese al fuego como una necesidad imperativa y ética que asegurará el proceso de paz firmado. y brindar ayuda humanitaria a las comunidades rurales que son blanco de ataques violentos de múltiples grupos. El acuerdo de paz final estableció su centralidad en las víctimas. Por lo tanto, crear un entorno propicio para la paz es fundamental para dar una respuesta adecuada a los efectos de la pandemia Covid-19 y avanzar en el logro de una paz completa.

Colombia tiene un movimiento social formado por personas que han contribuido a la construcción de la paz. Tenemos una inmensa gratitud para la comunidad internacional, porque hemos abogado unánimemente por fines negociados del conflicto armado, la adopción de mecanismos para el emplazamiento judicial de varios grupos armados y el impulso de iniciativas humanitarias como formas de resolver nuestros conflictos y reconstruir una sociedad democrática. en un estado de derecho social y ambientalmente consciente.