EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
La Desaparición forzada en Colombia y el desplazamiento forzado son de los crímenes más repudiables pues despliegan un sinnúmero de otros delitos conexos o afines, sus repercusiones sociales, personales entre otros, son de tal magnitud que impactan más allá de la familia, en la comunidad y en la sociedad misma.
Los victimarios justifican sus consecuencias, las hacen necesarias, en la intensión del daño causado en su absurda lucha contrainsurgente, en la que desean silenciar voces que les incomodan. Lo que nos obliga a asumir estos delitos como crímenes de Lesa Humanidad, recayendo en el Estado y los grupos paramilitares su mayor responsabilidad.
Según cifras oficiales del CNMH hasta el año 2017 ese drama lo viven 60.630 familias. Precisa el informe del CNMH, “…entre 1970 y el 2015 en promedio tres personas fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. La cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina.”[1]
Según el informe “…En cuanto a los perpetradores, el documento establece que en el 51,4 por ciento de los casos se desconoce el autor. Del resto, el 46,1 por ciento corresponde a los grupos paramilitares; 19,9 por ciento, a las guerrillas; 8,8 por ciento, a grupos posdesmovilización; el 8 por ciento, a agentes del Estado y el 15,9 por ciento, a grupo armado no identificado.”
“Regiones como Ariari-Guayabero (Meta) y Florencia (Caquetá) registran 4.483 desaparecidos. Las regiones del Pacífico, como el Valle, Cauca, Nariño y el bajo Putumayo, reportan 4.089 casos.” No siendo las anteriores, las regiones con más desaparecidos, pues encabeza la lista el Magdalena Medio, el oriente antioqueño y el Valle de Aburra con 10.377 desapariciones denunciadas a esa fecha del informe, es el campesinado la mayor víctima de este flagelo.[2]
En marzo 6 de 2018, junto con otras organizaciones de derechos humanos, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello – CCNPB, presentó un informe denominado “Resultados de la Implementación de las Medidas Inmediatas Humanitarias y la situación actual de los Cementerios Municipales”. Allí llamamos la atención que a la fecha de presentación del informe, se han denunciado más de 300 casos de desaparición forzada en Colombia, lo que demuestra la continuidad en la práctica de este crimen atroz y las largas esperas en sus resultados, tanto de las exhumaciones y entregas, como de las investigaciones penales que no dan con los resultados esperados por las familias y sus representantes.
Los impactos generados por este delito, genera graves daños en la dimensión personal, a saber; daño a la salud integral entendida como malestar y sufrimiento afectivo, físico, espiritual, perdida o desinterés en planes y proyectos, afectación en las formas de relacionamiento social. En el plano Familiar; rupturas o separaciones familiares, perdida de costumbres y creencias familiares, perdida laborales, económicas y/o educativas. En la dimensión Comunitaria: pérdida o disminución de las redes de apoyo, afectación en los procesos organizativos, planes y/o proyectos de vida comunitarios. En la dimensión Social: daño al tejido social construido, polarización, estigmatización, criminalización, miedo generalizado, apatía, indiferencia, naturalización de los hechos violentos al punto de justificarlos y resolución de los conflictos de forma violenta entre otros.
El papel de la institucional:
Unas de las luchas ganadas, es que este tipo de crimen, no se ha instruido por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria, a pesar de los lentos procedimientos y pocos resultados, al final es un logro, que no está totalmente conseguido.
Los riesgos de la justicia penal militar en la instrucción de los crímenes, es la comprobada falta de independencia y autonomía de los operadores y funcionarios judiciales que desde una formación y lógica castrense, investigan y juzgan a sus aliados militares, con las ya conocidas decisiones de archivos e inhibitorios que conducen a las libertades de estos perpetradores, cuando son los agentes del Estado los responsables de estos crímenes.
De la misma manera, el informe del CNMH señala cuestiones importantes que resaltan elementos que para la misma institucionalidad era desconocido, pues “…Además, se registraron casos que habían sido excluidos “debido a que no existía información sobre el victimario o el perfil de la víctima y se extendió el criterio de inclusión a aquellos casos de secuestro que mutaron en desapariciones forzadas porque el perpetrador se negó a dar información de la víctima luego de que se cumplieran o no las exigencias por su liberación”, señala el informe.”
Consideramos como imperativo, el diseño y la ejecución de una política pública para la búsqueda, la exhumación, identificación y entrega de cuerpos a sus familiares, una política pública que respete a las víctimas y como se dijo en el Acuerdo de Paz, se tenga a las víctimas, en el centro de la discusión y del acuerdo de paz.
Exigimos que una vez entre en funcionamiento propiamente la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, se garantice la plena autonomía e independencia en relación con las demás instituciones, que se lleve a cabo un trabajo articulado y con definición de funciones entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, con la completa participación de las víctimas y sus organizaciones acompañantes.
El llamado a las víctimas y sus organizaciones:
Un cuerpo entregado es el resultado de una larga lucha de familiares, amigos, así como de las organizaciones y funcionarios que de una u otra forma, llevaron a acabo esfuerzos que dieron como resultado la búsqueda, su identificación y entrega.
Estos crímenes tenían un primer propósito dentro de muchos, y era el de acallar voces de resistencia y generar terror social y miedo, al punto que muchos familiares hoy no han denunciado tales atrocidades.
Ese miedo ha sido enfrentado por las familias y las organizaciones de forma conjunta, es claro que hay desconfianza en la institucionalidad, pero eso no debe ser el óbice u obstáculo para mantener el silencio.
El llamado a es denunciar todos estos hechos, el llamado es a decir la verdad sobre las conductas y sus presuntos responsables. El silencio se vuelve cómplice cuando muchas familias sufren la ausencia de sus seres queridos.
Mediante la denuncia se repudian estos crímenes, mediante la denuncia a la institucionalidad, y para este caso, a la Fiscalía General de la Nación, se le está exigiendo esfuerzo y dedicación en la búsqueda de sus seres queridos y la obtención de resultados sobre la conducta criminal desplegada, y los presuntos autores materiales e intelectuales, aquellas personas y/o empresas que financiaron estos grupos armados y se beneficiaron de estos delitos.
El aparato de justicia no se activa automáticamente, o como decimos en derecho, de forma necesariamente oficiosa, conocemos nuestro aparato de justicia, con poco financiamiento, olvidado por otros poderes públicos como el legislativo y el ejecutivo, y en otras oportunidades inmiscuido por corrupción.
El aparato judicial tiene una importante tarea, la de garantizar el cumplimiento de las normas, que en muchas ocasiones son utilizadas a su servicio, como tristemente vemos en las noticias, en que jueces, magistrados y demás funcionarios se ven implicados en escándalos de corrupción, pero eso es lo que tenemos y con ello debemos avanzar.
Así como no se activa automáticamente la justicia, la responsabilidad es compartida: en la comunidad, en los familiares de las víctimas, su deber de denunciar, existen organizaciones como la Corporación Claretiana que los escucha como lo ha venido haciendo.
Nuestro papel como organizaciones acompañantes en esta larga lucha por los derechos humanos:
Nuestro compromiso es con la vida, con la exigencia de justicia deslindándonos de actores generadores de violencia, de terror y miedo. Nuestra misión claretiana es por un Estado de bienestar coherente y para todos/as, una sociedad justa e incluyente. En nuestra diaria labor nos encontramos frente a grandes emporios financieros, grandes maquinarias políticas que despojan, se apropian de tierras y de vidas humanas sin un mínimo de escrúpulo, eso no nos intimida, por el contrario, nos llena de fuerzas para seguir adelante en esta incomprendida y menos valorada tarea de defender los derechos humanos, siendo en muchas ocasiones, atacados por el mismo establecimiento.
Como Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, tenemos un camino trazado y en el día a día lo cumplimos, con obstáculos pero con las metas puestas en la defensa de las más desposeídos y excluidos de Colombia. Deseamos manifestarles a las familias de Jolman Jiménez y a las personas presentes que acompañan este importante acto, que nuestro compromiso está vivo y con la ayuda de ustedes, estaremos allí, exponiendo nuestra vida, por la vida de los demás.
A la institucionalidad presente, que estamos prestos social y jurídicamente a aunar esfuerzos que redunden en la dignidad de las comunidades y de las víctimas.
Brayan A. Cárdenas Posada
Abogado
[1] Página web del Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/lanzamiento-de-informe-nacional-de-desaparicion-forzada
[2] Ibíd.
