DENUNCIA PÚBLICA No. 45 AMENAZA DE MUERTE Y SEGUIMIENTOS CONTRA CABILDO GOBERNADOR DE COMUNIDAD INDIGENA DE ITWUITSULIBO POR PARTE DE MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE LOS MENONITAS EN PUERTO GAITÁN, META

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos, denunciamos a nivel nacional e internacional, las amenazas a la vida e integridad del ALEXANDER ALVAREZ y su núcleo familiar, en su calidad de cabildo gobernador del ASENTAMIENTO INDÍGENA IWITSULIBO del municipio de Puerto Gaitán – Meta, según cuenta, amenazas proferidas por el señor ABRAHAM GLOGER, miembro de la comunidad religiosa de los Menonitas.

 

1. HECHOS

Según se relata en la noticia única criminal producto de la denuncia penal[1] interpuesta, el día miércoles 8 de septiembre de 2021, hacia las 9 am, el señor ALEXANDER ALVAREZ, cabildo gobernador de la comunidad indígena de ITWUITSULIBO, se encontró con el señor ABRAHAM GLOGER, de la comunidad religiosa de Los Menonitas en la finca Liviney de la vereda Cristalinas, del municipio de Puerto Gaitán, al reconocerlo, el señor ABRAHAM se dirigió al gobernador indígena, diciéndole “…que no siguiera molestando o trayendo más gente al territorio de Iwitsulibo, porque si no me iba a mandar a matar y que iba a dar una plata a los paramilitares para que le mataran…”

Sigue el relato de la denuncia penal, manifestando que el día domingo 12 de septiembre, el cabildo Alexander Álvarez, se encontraba en La Cristalina, cuando “…recibo la llamada de mi esposa…, y me dice que ABRAHAM está en la comunidad frente a nuestra casa con dos personas encapuchadas y con pistolas cortas preguntando por mí, y que estaba diciendo que tenían que buscarme y matarme…”, al no encontrarme, estuvieron buscándolo por el territorio ese día.

Para el lunes 13 de septiembre el señor Alexander Álvarez, hacia las 3 pm, recibió “…una llamada de un número 3227355152 de una persona que dijo llamarse Juan Camilo…”, al que el señor Álvarez no conoce, y le propone que se encuentren en La Florida, que es un sitio solo y alejado, donde trabajan los Menonitas, para proponerle un “negocio”. El señor Alexander se negó a la cita en este lugar y le propuso que mejor se encontraran en la terminal de buses de La Cristalina, ante la negativa de esta persona el cabildo gobernador le colgó y no contestó las llamadas que en adelante le hicieron de este número. En seguida del mismo número llamaron al celular de una de las hijas del señor Alexander y identificándose la persona como Juan Camilo, que me habían citado a la Cristalina, que él es el “…jefe de los paramilitares y que me iban a matar que eso era con toda la familia.” Esos mismo hechos, sucedieron con mi hijo mediante llamada del mismo número de celular, quien se identifica como Juan Camilo amenaza a mi hijo y a la familia diciendo que “…a la familia le daba tres horas para que desocuparan el territorio que a la familia la tenían vigilada de lo contrario nos mataban…”

El líder y gobernador del cabildo de Iwitsulibo teme por su vida, la de su familia y comunidad indígena que representa, pues las amenazas son reiterativas y provienen de las mismas personas y/o grupos de personas. Estas no son las primeras amenazas en contra de los indígenas de ITWUITSULIBO y generan gran temor en la comunidad, advertimos que estos hechos se suman a otros que pretenden negar el derecho de estos pueblos ancestrales a su territorio y que en este momento hay un grave riesgo a la vida, honra y derecho al territorio de estos pueblos originarios.

 

2. ANTECEDENTES

A) El día 30 de junio de los presentes, siendo las 10:30 am indígenas de la comunidad de Iwitsulibo que se encontraban en actividades de cacería fueron abordados por ocho (8) hombres con armas cortas y largas que se movilizaban en 4 motos, quienes son reconocidos por ser trabajadores y administradores de las fincas “La Piedra”, “Malabare”, “Casa Verde” y “Manoa”. Inmediatamente, proceden a acusar a los indígenas de estar robándose una chatarra que tenían en una casa desocupada, ante esto. se defendieron manifestando que venían persiguiendo a una presa de caza y que por esa razón se habían adentrado en lo que es el territorio ancestral de Tsabilonia[2], colindante con el territorio ancestral de Itwuitsulibo, pero que ellos no estaban robando nada. Sin embargo, fueron encañonados y obligados a salir del territorio.

Llegando a la comunidad los indígenas que habían sido amenazados, unos diez (10) minutos después llegaron 6 de los hombres, en tres (3) motos que los habían detenido, pero venían solo con armas cortas, las cuales desenfundaron y exhibieron en todo momento, preguntaron por el gobernador y le reclamaron porque supuestamente los comuneros indígenas estaban robando una chatarra. Ante esto. el gobernador ALEXANDER ALVAREZ les aclaró que ellos se encontraban de cacería y no robando nada. Seguidamente, el administrador de la finca “Malabares” (quien comandaba el grupo de hombres que amenazaron a los comuneros indígenas) se retiró amenazando que “no respondemos si se pasan al otro territorio (territorio ancestral de Tsabilonia)”

B) Por dos oportunidades ha sido abordado un miembro de nuestra Corporación, que forma parte del equipo que acompaña a Itwuitsulibo y otras comunidades indígenas y campesinas de la Altillanura, para ofrecerle dinero a cambio de que deje de defender la pretensión de los indígenas de recuperar y defender el territorio ancestral que ocupan los menonitas y otros ocupantes que quieren venderle sus tierras a este grupo religioso; incluso el señor Ernesto Martínez, conocido con el alias de “Cajuche” le reenvío al WhatsApp un audio donde se escucha a una persona con acento extranjero diciendo que “a los abogados que defienden a los indígenas hay que ofrecerles plata, tú sabes que contra la plata nadie puede”

C) El 26 de enero de 2021 hasta el territorio ancestral de la comunidad indígena de la etnia Sikuani de IWITSULIBO, también en el municipio de Puerto Gaitán llegó el teniente Yonier Benavidez del comando de policía de Puerto Gaitán, acompañado de un funcionario de la Personería del mismo municipio y por lo menos 6 hombres contratados por el Sr. ERNESTO MARTÍNEZ, conocido con el sobre nombre o alias de “CAJUCHE”, quien aprovechó el momento en el que los indígenas mostraban la documentación a la policía, en la que se demuestra que hay una medida de protección del territorio en el marco del decreto 2333 de 2014, para tumbar dos cambuches o viviendas improvisadas donde llegaron los indígenas el pasado 20 de enero.

Así mismo, y según información aportada por la misma comunidad a la Corporación Claretiana NPB, luego de más de en promedio 2 horas de dialogo con el Tnte. Benavidez, este decide suspender el operativo, considerando validos los argumentos y pruebas documentales que habían mostrado los líderes de la comunidad indígena, a lo que el Sr. Ernesto Martínez, alias “Cajuche”, de inmediato dijo: “si no se pudo con la policía, pues traeré el ESMAD y sino tocará con otro grupo” y se retiró del lugar.

D) El día 20 de enero de 2021 las comunidades indígenas de Iwitsulibo retornaron a su territorio ancestral amparados en la medida de protección del territorio del Agencia Nacional de Tierras – ANT.

E) El 21 de enero siendo aproximadamente las 10:30 a.m. llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios. La comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, mediante cual, la misma ANT solicitó por medio de un auto a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios. Ante esta situación el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias “Cajuche” profirió una amenaza contra la comunidad indígena, esto en presencia del sr. Salas intendente de Policía: “si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”.

F) En varias oportunidades las comunidades indígenas habían intentado ingresar al territorio ancestral, pero lo han impedido por los ex-administradores o personas que manifiestan tener títulos y procesos de adjudicación ante la ANT, a pesar que las comunidades indígenas de San Rafael Warrojo, Iwitsulibo, Tsawilonia Weewelianai y San Rafael hicieron solicitud de protección al territorio en el marco del decreto 2333 de 2014 a la ANT abriéndose expedientes por parte de esta para cada comunidad, en los que mediante Auto de la misma ANT en el año 2018 dirigido al alcalde de Puerto Gaitán, se le conmina al alcalde, que con ocasión del trámite de protección territorial ancestral deben suspenderse todos los procesos policivos que cursen, y no tramitar aquellos que se presentaren .

G) Las comunidades indígenas tienen adelantada la solicitud de restitución de tierras en calidad de víctimas de la violencia ante la Unidad de Restitución de Tierras – URT.

H) Tenemos conocimiento de manera oficial que, al parecer esta semana, se llevó a cabo un consejo de seguridad, en el que la posición de la alcaldía y de la misma personería municipal, fue la de desalojar a las comunidades indígenas, yendo en contra de las mismas directrices de la Agencia nacional de Tierras, de no llevar a cabo procesos policivos, mostrando con ello, una actitud racista que contrarían la defensa de la vida, así como demás derechos colectivos de las comunidades indígenas como bienes constitucionalmente protegidos.

Es bastante grave la situación, pues como Corporación Claretiana hemos sido informados de distintas fuentes y de manera sistemática de la fuerte presencia de la comunidad menonita, quienes hoy, cuenta con más de 20 hras, teniendo una meta de más de 36 hras por acumular. La ANT se ha hecho el de los odios sordos, teniendo de presente que estas acciones riñen con la Ley 16 de 1994, que en el párrafo 9 del art. 72[3], prohíbe la acumulación o acaparamiento de tierras que, para este caso, y como sucede desde siempre en Puerto Gaitán y en el Vichada, se generan desplazamientos o se aprovechan de los existentes, se busca la forma de evadir la ley, mostrando la ocupación por familias adineradas o grupos empresariales, para acaparar inmensas cantidades de tierras, que como ya se dijo, es prohibido por la norma, aunado a la calidad de extranjeros que la acumulan, dejando por fuera a los campesinos nacionales e indígenas.

Esta situación se ha vuelto constante sin que las autoridades hagan algo en favor de las comunidades víctimas del conflicto y sin tierras, coincide plenamente con el proceso de reconcentración de la tierra que ha desbordado la realidad en Colombia históricamente, producto de la profundización del modelo económico actual y a la demanda internacional por commodities agrícolas.

 

Con la información aportada, que es clara, precisa, en tiempo modo y lugar, así como con los actores determinados e individualizados en la denuncia penal interpuesta, no se tenga la excusa de la Fiscalía de falta de material probatorio y se archiven las investigaciones.

 

Por todo lo anterior,

 

• SOLICITAMOS

 

1. A la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten las investigaciones pertinentes por las amenazas contra el cabildo gobernador, su familia y la comunidad de Itwuitsulibo, que tales investigaciones se lleven a buen término, sin dilaciones y sin los cotidianos archivos de investigaciones, como por lo general termina las denuncias hechas por las comunidades y la Corporación Claretiana.

 

• Así mismo, se cite a ampliación de denuncia a las víctimas protegiendo la vida, integridad, honra y bienes de la comunidad indígena.
• Se dicten las medidas judiciales correspondientes para garantizar

 

2. A la Policía Nacional de la región y al Ejercito Nacional (Ministerio de defensa) para que en el marco de sus funciones garanticen de forma integral los derechos humanos y al territorio, a la vida y a la protección de las comunidades indígenas.

 

3. Al Ministerio del Interior para que actúe en la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar, llevando a cabo el registro de las comunidades mencionadas, víctimas de la violencia, sin dilatar las solicitudes que de manera constante se le hacen por las comunidades y de nuestra parte como Corporación Claretiana NPB.

 

4. A la Agencia Nacional de Tierras – ANT, y para este caso a la Subdirección de Asuntos Étnicos, para que se agilice las etapas de las Solicitudes de Protección al Territorio, así como la Constitución de Resguardos, pues la seguridad jurídica de los territorios, ayuda en la garantía de la vida e integridad de las comunidades indígenas.

 

5. Al Ministerio Público, en cabeza Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, para que, en marco de sus funciones, velen y garanticen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas mencionadas, exigiendo de las autoridades de policía y ejército, a la administración municipal de Puerto Gaitán, mayor control y seguridad para las comunidades. Así mismo exigir a la ANT agilizar el proceso de constitución para darle seguridad jurídica a las comunidades indígenas en mención y pronunciarse sobre el trámite que llevan a solicitud de las mimas comunidades, y en dado caso, correr traslado para las correspondientes investigaciones disciplinarias

 

• Delegar o asignar una vigilancia especial para este caso, dado la gravedad de los mismos, en los que, según la denuncia en manos de la fiscalía, se involucran a ciudadanos extranjeros cometiendo delitos, junto con nacionales colombianos, al parecer pagados por esta comunidad de menonitas.

 

6. A la Alcaldía Local de Puerto Gaitán – Meta para que se pueda convocar un concejo de seguridad y así abordar la situación de amenazas contra la vida de integrante de la comunidad indígena de Iwitsulibo por parte de un miembro de la comunidad de los menonitas, acordando acciones para garantizar la vida en el territorio ancestral de los indígenas y sus autoridades tradicionales.

 

7. A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas – Regional Meta, para que, en el marco de su mandato en Colombia, puedan hacer seguimiento a la grave situación de vulneración de DD.HH. y territoriales a las comunidades indígenas en Puerto Gaitán, exigiendo del gobierno nacional inmediatas acciones en favor de las ya mencionadas comunidades.

 

8. A la Personería de Puerto Gaitán, para que, en el marco de sus funciones exija que la administración municipal convoque al concejo de seguridad y se pueda exigir a las autoridades de policía y militares no más omisión, así como acciones concretas que garanticen la vida del señor Alexander Álvarez, su familia y de todos los que forman parte de la comunidad de Iwitsulibo.

 

9. A la UNP Unidad Nacional de Protección, para llegue al territorio y junto con las varias comunidades que han interpuestas denuncias, adelante las gestiones pertinentes y se garantice la protección individual y colectiva de las personas y comunidades amenazadas en los hechos denunciados, que no son suficientes con enviar correos adjuntando formatos.

 

10. A la Comisión de DD.HH. y Audiencia del Senado de la República, para que haga un control político sobre las acciones llevadas a cabo por las entidades competentes sobre este los temas mencionados, como lo son: acumulación y administración de tierras, control y seguridad entre otros, que afectan al campesinado pobre y a las comunidades indígenas de la Orinoquia colombiana.

 

Bogotá D.C. 15 de septiembre de 2021.

 

 

Se dirige a:

 

 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia

Conmutador: (57 1) 562 9300 (+57 1) 382 28800

Fax: (+57 1) 566 20 71

e-mail: contacto@presidencia.gov.co

 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Vicepresidente de la República

Carrera 8A N° 7 – 57

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia

Conmutador: (+57 1) 444 2120 (+57 1) 407 1212

e-mail: contacto@vicepresidencia.gov.co

 

DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ

Ministro del Interior

Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C.

Sede para correspondencia – Camargo: Calle 12 No. 8 – 46 Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 1 242 74 00 (+57) 1 242 74 00 Ext. 3110 – 3111

E-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co/ notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE

Ministro de la Defensa

Calle 26 N° 69-76 Torre 4 “Agua” Piso 9 Bogotá D.C

Teléfono: (57-1) 2660295, 3150111 Ext 40246

PBX (57-1) 315 0111

E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co

 

 

WILSON ORTÍZ OREJUELA

Ministro de Justicia y del Derecho

Calle 53 No. 13 – 27 – Bogotá, D.C.

PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1130, 1127, 1134

Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170

E-mail: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co

 

ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ

Unidad Nacional de Protección

Carrera 63 # 14 – 97 / Primer Piso – Bogotá, D.C.

Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074

E-mail: correspondencia@unp.gov.co / atencionalusuario@unp.gov.co

 

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General De La Nación

Carrera 5ª #. 15 – 60 –Bogotá, D.C.

Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723

PBX: (+57 1) 5878750

E-mail: quejas@procuraduria.gov.co

 

Procurador Delegado para Asuntos Étnicos

Carlos Andrés Guzmán Díaz

Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C

PBX: (+57 1) 5878750

E-mail: quejas@procuraduria.gov.co / asuntosetnicos@procuraduria.gov.co

 

Procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario – Villavicencio

Hilmer Leonel Fino Rojas

Calle 38 # 30A – 64 – Villavicencio (Meta)

E-mail: hfino@procuraduria.gov.co

 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT

Calle 43 N° 57-41 – Bogotá, D.C

PBX: (57 1) 5185858

E-mail: atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Palacio de Justicia Calle 12 No. 7 – 65 – Bogotá, D.C

PBX: (57 1) 350 62 00

E-mail: info@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Defensor del Pueblo

Carrera: 9 # 16-21 – Piso 11- Bogotá, D.C

Fax: (+57 1) 3144000 Exts: 2315 – 2316

E-mail: atencionciudadano@defensoria.gov.co / asuntosdefensor@defensoria.gov.co

 

 

 

JHORMAN SALDAÑA

Defensor del Pueblo Meta

Carrera 36 No. 34A-36 Barzal

E-mail: meta@defensoria.gov.co

 

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo

Carrera: 9 # 16-21 – Piso 11- Bogotá, D.C

Fax: (+57 1) 3144000 Exts: 2315 – 2316

E-mail: atencionciudadano@defensoria.gov.co / asuntosdefensor@defensoria.gov.co

 

FRANCISCO BARBOSA DELGADO

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B # 52-01 – Bogotá, D.C

Tel: (+57 1) 5702000 4149000

E-mail: pqrs@fiscalia.gov.co / contacto@fiscalia.gov.co

 

Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia

Calle 96 #11B-37 – Bogotá, D.C

Teléfono: (+57 1) 313 8630

E-mail: bogota@icrc.org

 

Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia – Regional Meta

Carrera 30 # 39-30 Oficina 401 – Villavicencio Meta

Teléfono: (+58) 662 38 01

E-mail: villavicencio@icrc.org

 

Oficina en Bogotá Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH

Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101 Ed. Teleport Bussines Park – Bogotá, D.C

Teléfono (57-1) 658 3300

E-mail: quejas@hchr.org.co /  difusion@hchr.org.co

 

Oficina en Villavicencio Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH

Cra. 32 No. 41-58/60, Of. 202, Central de Oficinas, Parque Infantil – Villavicencio Meta
Teléfonos: (1) 658 3300 ext. 1183-1184

E-mail: quejas@hchr.org.co /  difusion@hchr.org.co

 

Organización Indígena de Colombia – ONIC

Consejero Mayor

Calle 12b # 4-38 – Bogotá, D.C

Teléfono: (+57 1) 284 2168 (+57 1) 805 0772 (+57 1) 284 3465

E-mal: onic@onic.org.co

 

MARIANA CARAMAGNA DE UDAETA

Misión De Apoyo Al Proceso De Paz En Colombia, MAPP-OEA

Coordinadora Oficina Regional de Villavicencio

Calle 20 # 40 – 64 – Barrio Camoa

Teléfono: (8) 6602495 ext.106 (8) 674 1288

Cel. 320 8653628

E-mail: mcaramagna@mapp-oea.org

 

GOBERNACIÓN DEL META

Carrera 33 N° 38-45 Plaza Libertadores – Centro, Ed Gobernación – Vivcio (Meta)

PBX: (+57) 8 681 85 00

E-mail: oficinaatencionalciudadano@meta.gov.co /

 

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN

Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. – Puerto Gaitán (Meta)

Teléfono: (057) 6 460 050

Fax (057) 6 460 773

E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

 

MARISOL DURÁN DEVIA

Personera de Puerto Gaitán

Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. – Puerto Gaitán (Meta)

Teléfono: (057) 6 460 050

E-mail: personeria@puertogaitan-meta.gov.co

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y AUDIENCIA

Senado de la República

Diana Novoa Montoya

Coordinadora Comisión Derechos Humanos y Audiencias

Correo: atencionciudadanacongreso@senado.gov.co

 

[1] NUNC. 505686109837202185214, Unidad Receptora UBIC Puerto Gaitán, Meta.

[2] Los indígenas Sikuani de Tsabilonia habiendo entrado en enero de 2021, por las fuertes presiones de parte de la policía nacional, como de las personas que están ocupando su territorio ancestral tuvieron que salir luego de estar casi 3 meses en el territorio.

[3] Nral 9, art. 72 ley 160 de 1994, “Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.”