Gira de incidencia comunidades campesinas del Guayabero – Comunicado

Comunicado

Delegados y delegadas de las comunidades campesinas de la región del Río Guayabero, acudimos a la ciudad de Bogotá, en un esfuerzo por incidir en las entidades estatales de carácter nacional, las autoridades civiles, el cuerpo diplomático, el Congreso de la República y la sociedad civil en general en aras de atender las problemáticas que tenemos en nuestro territorio y que actualmente generan una profunda crisis de Derechos Humanos, una crisis humanitaria y una crisis de uso y tenencia de la tierra.

Nuestra región ha sido históricamente abandonada por el Estado colombiano, a pesar que con la colonización dirigida nos llevó a ese territorio hace más de cincuenta años. Desde entonces, no hemos disfrutado los derechos fundamentales a la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo, la paz, entre otros.

La delimitación y ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena ocurrió con posterioridad a nuestra llegada. Esta situación sirve de excusa al Estado colombiano para no traer la oferta institucional necesaria para que contemos con vías de acceso, hospitales, escuelas ni centros de acopio.

En este contexto, nos hemos visto obligados a cultivar la hoja de coca como único sustento económico para nosotros y nuestras familias. Con esta economía garantizamos apenas nuestras necesidades básicas en un escenario en el que el costo de vida es muy elevado por las dificultades del transporte, entre otros factores.

Sin embargo, hemos manifestado públicamente y de forma reiterada nuestra disposición de sustituir estos cultivos con el apoyo del Estado colombiano para garantizarnos condiciones de vida digna en nuestro territorio. Lamentablemente los constantes incumplimientos, como el que ocurre con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, nos han impedido transitar hacia economías alternativas.

La respuesta del Estado a estas dos problemáticas, la delimitación del Parque y la sustitución de cultivos de uso ilícito, ha sido la militarización de nuestra región, a través del Plan Artemisa y los operativos de erradicación forzada. En el marco de estas dos estrategias han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos que hemos denunciado públicamente en reiteradas ocasiones.

Consideramos que debe implementarse a cabalidad el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Creemos que debe priorizarse la vía del diálogo por encima de las medidas de fuerza que violentan nuestros derechos humanos y nuestros derechos fundamentales.

Es por estos elementos que decidimos adelantar esta gira de incidencia en la ciudad de Bogotá. Durante esta semana, del 23 al 27 de noviembre. A continuación, presentamos las conclusiones de este espacio:

1. Lamentamos y denunciamos públicamente la ausencia del Ministerio de Defensa y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en los espacios de reunión a los que se les convocó. Consideramos que son actores centrales en la solución de nuestras problemáticas y reiteramos nuestra intención de mantener la vía del diálogo.

 

2. Continuamos exigiendo la presencia del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Defensa del Pueblo, en los operativos militares que se vienen desplegando para garantizar el respeto a los derechos humanos y los derechos fundamentales de la población campesina.

 

3. La Procuraduría delegada para los derechos humanos y la delegada para asuntos agrarios y ambientales se comprometió a recaudar el material probatorio necesario para rendir un informe sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos interpuestas.

 

También se comprometió a servir de garantes de los acuerdos y la materialización de los compromisos relacionados con los 13 puntos de la mesa ambiental.

 

El procurador regional del Caquetá, Cesar Augusto Murcia, se comprometió a evaluar acciones disciplinarias por los excesos de la fuerza pública que transgreden la Constitución; ejercer acción preventiva desde la procuraduría y ser garante para que el Estado no incumpla acuerdos y respete Derechos Humanos.

 

4. La defensoría del pueblo se comprometió a tramitar una solicitud interna para poder hacer el acompañamiento presencial en la región.

 

5. La gerencia de derechos humanos del meta se comprometió a convocar una reunión con entidades competentes para monitorear la situación de derechos humanos en la región, el 1 de diciembre del 2020.

 

6. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se comprometió al monitoreo y a la articulación con el Ministerio de Defensa. Solicitaron una mesa de trabajo en la cual se reportaron las situaciones que están sucediendo en la región con los operativos de erradicación.

 

7. Edgar Olaya, de Parques Nacionales, sugirió explorar la conformación de una Zona de Reserva Campesina y se comprometió a destinar recursos para proyectos económicos aplicables en zonas de parques.

 

8. Con congresistas de la república, exploraremos las posibilidades de adelantar un debate de control político y una audiencia pública con las entidades que tienen competencia en la resolución de la crisis humanitaria, de derechos humanos y de usos y tenencia de la tierra que padecemos.

 

Así mismo, exigir a la presidencia de la república, detener los operativos de erradicación forzada y abstenerse de adelantar aspersiones aéreas sobre nuestros territorios hasta que no se llegue a acuerdos en esta materia en nuestras mesas de concertación.

Finalmente, explorar los caminos legislativos que permitan la permanencia de las comunidades campesinos en los Parques Nacionales Naturales con condiciones de vida digna.

 

Solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional, a que respalde nuestros llamados y haga veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que llegamos en el marco de esta gira de incidencia.