El Porvenir y Matarratón
La historia de El Porvenir y Matarratón es la historia de los Llanos orientales. Pero El Porvenir no es un pueblo más. De allí, salieron indígenas Sikuani huyendo de la colonización ganadera que aparece desde los años 30 y de la violencia de las guerrillas liberales. Sin embargo, algunos de estos Sikuanis y sus descendientes decidieron retornar hace poco y reclamar su territorio en un caso ejemplar en el país. Muy cerca de El Porvenir también se desarrolló el centro de investigación para mejoramiento de pasturas tropicales más importante de Colombia, Carimagua, con cientos de empleados generando investigaciones que cambiarían parte de la historia de la ganadería del país, y que años después, en medio de su crisis, se convertiría en el foco de álgidos debates nacionales. Asimismo, un famoso hato colindante al pueblo, Cabiona, perteneció a uno de los terratenientes más visibles del país, Víctor Carranza, desde donde expandió su poder hacia todos los Llanos. Así, El Porvenir se convirtió en una zona de fuerte presencia de distintos grupos paramilitares, que generaron desplazamientos masivos y un progresivo vaciamiento del pueblo. Actualmente, en este pueblo y sus sabanas se pone a prueba la voluntad del gobierno para garantizar los derechos de los campesinos y la nueva legislación sobre adjudicación de tierras, que surgió desde los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.
TERRITORIO SIKUANI, DESPOJO Y HUIDA
Toda la zona de El Porvenir era territorio indígena, particularmente del pueblo Sikuani. Para el siglo XX el pueblo Sikuani se caracterizaba, una parte, por el nomadismo permanente, aprovechando la relación entre las sabanas naturales y las grandes zonas boscosas de la región; por otro lado, algunos grupos que ya se establecían en comunidades, y migraban entre distintos asentamientos entre las zonas altas y bajas de acuerdo con el invierno o el verano. Así, los Sikuanis, como muchos pueblos indígenas de los Llanos, se han caracterizado por su movilidad y por un amplio conocimiento y sentido de pertenencia con un extenso territorio.
Las décadas de 1940 y 1950 marcaron el inicio de los cambios más drásticos en las formas de vida de miles de Sikuanis, a quienes, despectivamente y sin distingo, aun muchos llaman “guahibos”. De acuerdo con los relatos Sikuani, esta fue una época caracterizada por “las guahibiadas”: masacres y cacerías de indígenas casi cotidianas y vistas por muchos como normales, que se relacionaban con el despojo y la pérdida de sus extensos territorios. En muchas partes del Llano, las “guahibiadas” fueron prácticas continuas desde el siglo XIX y una manifestación dramática de los conflictos socio ambientales e interétnicos asociados a la expansión de la ganadería extensiva.
La década de los cincuenta se caracterizaría por más violencia y desplazamiento. Esta década fue particularmente dura porque los indígenas quedaron en la mitad de los enfrentamientos entre las guerrillas liberales y el ejército. Como continuidad de esta violencia, en el marco de la Reforma Agraria, desde la década de los sesenta extensos territorios Sikuanis fueron declarados baldíos como si estuviesen vacíos o desaprovechados, y de allí los Sikuanis empiezan a ser confinados en reservas indígenas que luego se convertirían en resguardos.
CABIONA Y LA ECONOMÍA CAMPESINA
Aunque la declaración del Porvenir como inspección la hizo la gobernación hasta los años setenta, al tiempo que se hizo el trazado y la adecuación del centro poblado, desde los sesenta ya se encontraba un pequeño caserío. Incluso, algunos afirman que desde los cincuenta ya había varias casas dispersas cerca del río y de los hatos. Los primeros colonos, desde lo que hoy es el Porvenir hasta la vereda de Matarratón, se dedicaron principalmente a la pesca y a la agricultura para vender en Orocué o a los comerciantes del río Meta.
De la mano de estos colonos, el pueblo poco a poco empezó a crecer también bajo la influencia de dos grandes hatos, primero de Cabiona y luego de Carimagua. El primero, el más cercano al pueblo y colindante con la vereda de Matarratón, convirtiéndose en lugar de trabajo para varios de los campesinos de estas veredas.
Cabiona funcionaba como un gran hato de cría y levante con sabanas abiertas sin cercas, aunque con linderos claros frente a otras propiedades. En términos generales, la cantidad de ganado que se podía tener y criar era la que determinaba cuánta tierra se podía poseer. Por esta razón, las familias del Porvenir aprovechaban las sabanas para tener su propio ganado, sin tener conflictos con Víctor Machado (antiguo propietario). Así, en las mismas sabanas se mantenía el ganado de personas del Porvenir junto con el ganado del Hato Cabiona. Incluso desde los setentas, las sabanas más cercanas al pueblo empiezan a ser reconocidas como sabanas comunales o comunitarias, y ya no pertenecientes exclusivamente a Cabiona, aunque su ganado podía pastar allí.
Esta vida campesina y el pueblo mismo se fortalecieron a partir de la transformación del Hato Carimagua en un Centro estatal. Este fue fundado por ganaderos en los cincuentas, alrededor de la gran laguna de casi 500 hectáreas, llevando el nombre indígena Carimagua (Fuente de Agua o Nido de Guacamayas). El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) recién creado en el marco de la Reforma Agraria, compró el Hato junto con otros predios en 1969. Gracias a un convenio con el CIAT (Centro de Investigación en Agricultura Tropical), desde el año 1972 inicia el funcionamiento de un centro de investigaciones sobre pasturas y forrajes para la alimentación de ganado en un total de 22,000 hectáreas.
ENTRE LOS CARRANCEROS Y LAS FARC
Desde principios de los ochenta, Víctor Carranza empezó a comprar tierras y ganado en los Llanos, mientras se consolidaba como uno de los zares de las esmeraldas en medio de las llamadas “guerras verdes” o entre esmeralderos en Boyacá. En este proceso de acumulación de tierras, en 1985 Carranza compró Hato Cabiona a Blanca Pérez, viuda de Víctor Machado quien murió en 1979. Las personas del Porvenir afirman que empezaron a ver a Carranza entre 1985 y 1986, y que “se miraba como campesino, humilde pero bravo, y siempre iba acompañado de la gente esa”. Varias investigaciones señalan que Carranza llegó a la zona con ejércitos privados que provenían de “las guerras verdes” y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio. A estos ejércitos se les empieza a conocer como los carranceros o masetos.
Cuando Carranza y actores similares llegan a la región, las FARC estaban expandiéndose hacia el oriente del Meta y el Vichada, en un proyecto claro de colonización armada desde finales de los setenta. Las FARC llegan primero con el Frente 16, haciendo presencia en Cumaribo y otras partes de Vichada, y luego con el Frente 39, enfocado en Mapiripán y el sur de Puerto Gaitán. Desde mediados de los ochenta, en El Porvenir mismo ya había temor de que las FARC entrara al pueblo.
Entre 1986 y 1987, en el pueblo y sus alrededores, sicarios conocidos como “los pájaros” (nombre heredado de la época de “La Violencia”) asesinan varias personas en sucesos que parecían aislados. Poco a poco, desde inicios de 1987, ya no solo actuaban los pájaros sino trabajadores del Hato, hostigando a los campesinos. Con Carranza, oriundo de Boyacá y con haciendas en el Magdalena Medio, llegó una nueva manera de entender la propiedad del ganado donde quedaba totalmente prohibida una práctica que, aunque sancionada, en pequeña escala era común y permitida en el Llano adentro, por eso, los trabajadores del Hato empezaron a expulsar a los campesinos de sus posesiones.
En medio de esa creciente violencia, varios habitantes de El Porvenir, encabezados por el señor Gustavo Grajales, se organizaron para reclamar ante el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) el derecho a usar estas tierras. Grajales inició los trámites ante la institución, pero al parecer los funcionarios no procedieron intimidados por hombres de Carranza. Y peor aún, a los días, Grajales desapareció sin quedar rastro de su paradero y los demás decidieron parar cualquier proceso. A esta desaparición se sumó el asesinato de otras personas reconocidas del pueblo: Delfín Rojas y Eduardo Riveros, y luego Neftalí Pérez, cuyas familias tuvieron que desplazarse.
El 2 de septiembre de 1987, la guerrilla llegó hasta la casa del Hato Carimagua y la incendió. Al día siguiente, un grupo de las FARC irrumpe en el Centro Carimagua, asaltando el avión que transportaba el dinero de la nómina y tomándose las instalaciones. Después de retener a los trabajadores por horas, huyeron hacia Vichada.
Aun aterrorizados por lo ocurrido, entre el 4 y 5 de septiembre los trabajadores del Centro que vivían en el pueblo, sus familias y las demás familias campesinas fueron amenazadas por autodefensas provenientes de Cabiona por supuestamente ser auxiliadores de la guerrilla. Mientras se rumoraba que lo que realmente iba a ocurrir era que la guerrilla se iba a tomar el pueblo. Por eso algunas familias decidieron pasar la noche y tratar de dormir en las playas del río Meta por si ocurría lo peor. Y en efecto ocurrió. Hacía las 11:00 de la noche del día 6 de septiembre, los hombres armados de Cabiona asesinaron a dos personas muy queridas en el pueblo en frente de muchas personas: Medardo Ortiz, comerciante, y Alipio Romero, trabajador de Carimagua, y después se expandió el rumor de que iban a quemar el pueblo.
Entonces, todo el pueblo decidió huir hacia Orocué con la mayoría de sus pertenencias, sin saber si podrían volver. Ante este desplazamiento masivo, que nunca había ocurrido en la región, el Gobernador del Meta, el ministro de Agricultura y el comandante de la 7ª Brigada del Ejército llegaron el día 10 a reunirse con las víctimas. Aunque los que hablaron, aun con miedo, responsabilizaron a los carranceros y por ende a Carranza, con el pasar de los años estos crímenes quedaron impunes.
Con el tiempo, los enfrentamientos violentos se mantuvieron, los grupos conocidos como carranceros derivaron en lo que se conocería como Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), filial de las AUC en los llanos orientales, dando continuidad al despojo de tierras por medio de la violencia armada.
LUCHA POR LA TIERRA
Tras los hechos ocurridos en Carimagua y con el contexto de violencia creciente en la zona, el Estado fue abandonando el proyecto del Centro Carimagua, afectando también el desarrollo de El Porvenir, sumiendo a la población en el abandono estatal.
En estos años, durante los que confluyeron el dominio de las ACMV con la crisis de Carimagua, ocurrieron cambios significativos en el hato Cabiona pues, la empresa de Carranza conocida como “Ganadería La Cristalina”, fragmentó Cabiona en 27 predios para poder ser titulados a particulares de acuerdo con la legislación vigente en ese momento y así, el 15 de noviembre de 1992, el extinto INCORA adjudicó indebidamente a 27 personas los títulos de propiedad de distintos predios que sumaban las 27.000 hectáreas de Cabiona. Hasta ese año, legalmente las tierras de Cabiona eran parte de los baldíos de la nación porque, a pesar de que varias personas habían ejercido posesión sobre estas tierras, no habían sido antes adjudicadas y tituladas formalmente por el Estado.
De esta manera, Carranza fue legalizando poco a poco su despojo a la nación, y por esa vía a quienes debían ser los verdaderos beneficiarios de la adjudicación: los campesinos del Porvenir, que en ese momento cumplían con los requisitos de la ley. Esta estrategia continuó 15 años después ya que en el 2007, los 27 predios fueron englobados en cinco grandes propiedades: El Pedregal, El Rincón, Campo Hermoso, Las Corocoras y Mi Llanura, cada una de más de 5.000 hectáreas. Mientras este despojo se trataba de legalizar primero con el INCORA y luego en notarías, los habitantes de El Porvenir seguían viendo que la misma empresa y los mismos trabajadores de Carranza controlaban el Hato quienes siguieron hostigando a los habitantes de El Porvenir, por usar las sabanas que venían aprovechando desde tiempos de Víctor Machado.
En 2009 al igual que en el año 1986, un grupo de distintas personas del Porvenir decidieron reclamar ante las autoridades su derecho a la tierra. Después de varios intentos consiguieron el apoyo de congresistas y de organizaciones defensoras de Derechos Humanos en un momento en que la reparación de las víctimas y la restitución de tierras estaban siendo temas ampliamente discutidos.
Con el tiempo, y después de insistir y golpear muchas puertas, en junio de 2012 radicaron una solicitud de revocatoria de títulos ante el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Esta institución asumió el caso, gracias también a sus nuevas directivas y a la presión pública por casos famosos de acumulación ilegal de baldíos en los Llanos, por parte no sólo de narcotraficantes sino de grandes compañías agroindustriales. El nuevo escenario político y el marco legal, y el inicio de las negociones de paz con las FARC donde los conflictos por la tierra fueron temas centrales, facilitó que fueran escuchadas las demandas de los pobladores de El Porvenir.
Durante el proceso de identificación del hato Cabiona por ocupación ilegal murió Carranza en abril de 2013, víctima de una enfermedad. Este procedimiento incluyó una inspección ocular en septiembre de 2013. En ella participaron varias personas del Porvenir como guías de los funcionarios, siendo hostigados por algunos empleados del Hato, encontrando que buena parte de la sabana estaba vacía y no estaba siendo explotada de ninguna manera. Resultado de esta inspección y procedimientos, el 30 julio de 2014 con la Resolución No. 6423, fueron revocados los títulos de los distintos predios que componían el Hato. Esto convirtió a Cabiona en un “baldío reservado de la nación”, a la espera de ser adjudicado.
Desde ese momento, los pobladores históricos empezaron el proceso para la adjudicación, ya que cumplían los requisitos de la Ley 160 de 1994: durante años habían explotado esta tierra, aun cuando muchos lo dejaron de hacer por el conflicto armado. Sin embargo, el INCODER con nuevas directivas fue dejando que pasara el tiempo sin adelantar la adjudicación, en una pasividad, en principio incomprensible, esperando que los herederos de Carranza entregaran la tierra.
En medio de mucha publicidad, el 19 de abril de 2015 el Presidente Santos, en Granada, Meta, anunció que recientemente el Estado había recibido el predio en cabeza de Hollman Carranza, y que por lo tanto iban a adjudicárselo a campesinos. Sin embargo, más allá de las promesas, el Estado no actuó sobre el terreno y fue indiferente a las solicitudes de los pobladores históricos, demostrando que la desidia del INCODER no sólo obedecía a una indiferencia hacia los campesinos, sino a otros planes que el gobierno tenía. Desde abril de 2015, el Presidente mismo y otros funcionarios declararon públicamente que tenían grandes proyectos con la tierra.
En Orocué, el 29 de enero de 2016, un año y medio después de anunciada la Revocatoria, el presidente señaló que el Porvenir sería la primera Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) al decretar la Ley 1776 sobre esta figura. Este anuncio generó molestias en el país, pues alteraba radicalmente la legislación sobre baldíos y entraba en contradicción con el proceso de paz, pues la ley posibilita que empresas agroindustriales exploten baldíos de la nación en áreas específicas, sin ningún límite en la extensión. Así, los beneficiaros de adjudicación de baldíos, dejaron de ser los campesinos o desplazados, bajo el argumento de que la propiedad permanecería en manos del Estado, abriendo las puertas para que otros actores reclamaran el uso de la tierra.
Tras estos, varios grupos de personas empezaron a invadir y a ocupar las zonas de sabana desde finales del 2014 hasta buena parte del 2016. Al principio llegaron varios tipos de colonos, incluyendo víctimas y campesinos hasta de Guaviare y Antioquia, atraídos por los anuncios gubernamentales. En el 2015 se formó Asdepagral (la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura) sobre la que recaen varias denuncias ante la Fiscalía y los medios de comunicación por promover la invasión de tierras en Meta y Vichada. Las denuncias describen que esta Asociación llevaba a víctimas y personas vulnerables, como madres cabezas de familia, para luego cobrarles por ocupar lotes.
Al mismo tiempo se estableció Asoyopo-San José, cuyos miembros comenzaron a invadir otras partes y quienes afirman que fueron trabajadores de Carranza, sobre quienes existen múltiples denuncias pues no se encontraban ocupando estas tierras antes, y empezaron a invadir y hostigar a la población de El Porvenir.
Ante esta situación, varios líderes de El Porvenir, que luego fueron amenazados y desplazados, se contactaron con indígenas del pueblo Sikuani originario de esta zona, para acordar su regreso y unirse en la lucha por la recuperación de la tierra, haciendo efectivo su regreso en el año 2015.
Si bien el retorno de los Sikuani animó a algunos habitantes históricos en su lucha y frenó la invasión de una pequeña parte de la sabana, este retorno también generó más tensiones sobre el uso y el acceso a la tierra. En ese contexto, 73 pobladores de El Porvenir, instauraron una acción de tutela ante la Corte Constitucional, reclamando sus derechos y cuestionando las acciones del INCODER. El 11 de agosto de 2016, la Corte falló a favor de estas personas con la Sentencia Unificada SU-426, reconociendo sus reclamos, así como su condición de víctimas y de ocupantes históricos.
Con la SU-426, la Corte obliga al Estado, específicamente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a que adelante el proceso de titulación de los baldíos recuperados en 2014, dándole prioridad a la comunidad de El Porvenir, reiterando que: primero, la negligencia o corrupción estatal favoreció la apropiación ilegal de estos baldíos; y segundo, que por eso el Estado debe brindar todas las garantías para que los campesinos históricos de El Porvenir y Matarratón sean los beneficiarios del proceso de adjudicación, bajo la Ley 160 de 1994, o la Ley de víctimas y restitución de tierras –Ley 1448 de 2011.
Desde entonces, la actitud de las instituciones del Estado no ha cambiado, pues, a pesar de diferentes actos administrativos, incidentes de desacato y procesos de adjudicación, asignación y parcelación, los procesos no avanzan y deben rehacerse una y otra vez por errores de las instituciones.
Pero más importante que eso, la violencia no ha cesado. El día 12 de enero del año 2022, tras recibir amenazas junto a otros líderes y lideresas de las dos veredas (denunciadas a las autoridades sin recibir una respuesta efectiva) se da la noticia de la desaparición de la médica, lideresa y secretaría de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Matarratón Luz Marina Arteaga Henao y tras 5 días desaparecida, el 17 de enero, es hallado el cuerpo sin vida de Luz Marina, a orillas del Río Meta. El proceso de investigación por la desaparición, tortura y asesinato de la lideresa aun, continúa.
Tras esto, los líderes y lideresas del proceso territorial de las veredas de El Porvenir y Matarratón, han seguido siendo víctimas de amenazas, y atentados contra su integridad física, las de sus familias y propiedades, requiriendo la protección urgente del Estado, y aunque se ha conseguido, medidas de protección individuales por la Unidad Nacional de Protección, constantemente los líderes y lideresas deben batallar con el retiro de sus esquemas de seguridad, aunque el riesgo y las amenazas persisten.
Actualmente, gran parte de las tierras de la sabana siguen ocupadas por terceros, sin que la ANT se pronuncie respecto a la recuperación de estos predios. En medio de constantes hostigamientos, las comunidades campesinas históricas siguen a la espera de que las instituciones del Estado demuestren su voluntad en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, y así poder disfrutar de las tierras que desde hace décadas han debido ser su hogar y su fuente de subsistencia.