Las niñas, niños y adolescentes son víctimas del conflicto armado, hay que protegerlos, no son máquinas de guerra

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos en Colombia, rechazamos de manera vehemente los hechos sucedidos el pasado 2 de marzo en la vereda Buenos Aires del municipio de Calamar Guaviare, en los que perdieron la vida niñas, niños y adolescentes menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, en el marco de un bombardeo realizado por la fuerza pública, contra un grupo armado ilegal.

 

Como organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, manifestamos nuestro repudio respecto a la práctica de reclutamiento, uso y utilización de las niñas, niños y adolescentes con fines delictivos e ilegales, entre estos la conformación de grupos armados organizados. Una práctica que vulnera los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y de sus familias y atenta contra su desarrollo integral.

 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la ley 12 de 1991, al Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, el Estado colombiano tiene por mandato, salvaguardar, proteger y garantizar la vida de sus habitantes, especialmente de las niñas y los niños, quienes además son sujetos prevalentes de derechos y de especial protección constitucional. De esta forma las operaciones militares realizadas el pasado 2 de marzo, por las fuerzas armadas colombianas, en un lugar en el cual se encontraban niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que perdieron su vida, desconoce los principios internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el mandato constitucional e internacional, el principio de la protección integral y el del interés superior de las niñas y los niños.

 

Así mismos rechazamos el pronunciamiento del señor Ministro de Defensa Diego Molano Aponte al referirse a las niñas y los niños víctimas de reclutamiento como máquinas de guerra” categoría que enajena a las niñas y niños de los principios básicos de humanidad y por lo tanto de derechos.  Afirmaciones como esta, develan que un Estado que no protege y defiende los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, es un Estado que no es garante de los derechos de esta población y que no se cobija bajo los principios de derechos humanos en las zonas rurales de la Colombia profunda, y llama la atención del Estado para su protección integral.

 

Exigimos al Estado colombiano y sus instituciones, esclarecer los hechos y comprometerse en aunar todos los esfuerzos necesarios para prevenir y proteger a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento, que es consecuencia del abandono estatal en municipios y departamentos del país, en donde hacen presencia estos actores armados ilegales. A fortalecer y cumplir el acuerdo de paz, a garantizar el derecho a la paz y a constituirse como un estado garante y protector de los derechos de la infancia y la adolescencia.

 

Extendemos nuestra profunda solidaridad a las familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la ausencia estatal, la desaparición forzada, el flagelo del reclutamiento forzado, los combates y bombardeos. Exigimos junto a ellos verdad, justicia y garantías de no repetición.

 

Así mismo, exhortamos a la comunidad internacional, a los organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad civil a unir esfuerzos para garantizar los derechos de las niñas, niños, y adolescentes como una oportunidad para escribir una historia de paz y dignificación de los territorios rurales.

 

A los actores armados a no vincular a las niñas y niños en el conflicto, a construir un país desde los principios constitucionales y de derechos humanos y a respetar la vida e integridad de estas personas.

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