Porvenir y Matarraton
Ubicación: Municipio de Puerto Gaitán, a orillas del río Meta.
Las comunidades campesinas de El Porvenir y Matarratón son dos veredas del Municipio de Puerto Gaitán que hasta hace seis años era una sola, pero por influencia de los proyectos petroleros se dividieron en dos veredas. El Porvenir es una localidad porteña sobre el Río Meta, punto de entrada y salida hasta los años ochenta del proyecto del Estado llamado Carimagua. Sus pobladores más antiguos son colonos llegados con ocasión de la violencia de los años 50, 60 y otras violencias sucesivas.
“Cuando Carimagua aquí vivían muchas personas y pasaban hasta gringos, europeos que vivían acá, venía mucha gente de todas partes, el rio tenía mucho pescado y se vendía y había hasta almacén de motores de agua y maquinaria, mucha vida y progreso, pero después fue llegando la violencia, se fue acabando Carimagua y llegando los paramilitares quedo todo porvenir…” (Testimonio de Miguel Briceño).
Después de esto el Puerto se lo tragó el olvido institucional, el abandono del Estado y la violencia paramilitar que ha reprimido durante los últimos 30 años a sus pobladores. Con la llegada de las petroleras la situación es la misma y a pesar de estar en el municipio la sede de la empresa Pacific Rubiales (Puerto Gaitán) y de tener un pozo petrolero en su área de influencia, la pobreza reina y los vestigios de corrupción aparecen por todo lado: una institución educativa dotada con 80 portátiles pero sin luz eléctrica, un infraestructura física para el centro de salud, internado y colegio pero sin maestros, médicos, enfermeros y medicamentos, entre otras muestras de corrupción administrativa municipal, departamental y nacional.
Sin embargo, quienes se quedaron y retornaron después de la masacre del año 1987 han resistido con la sabiduría que deja sobrevivir a varias guerras, del espejismo por el progreso que la bonanza petrolera prometió, su mayor anhelo es tener la tierra que siempre han tenido, es decir, recibir un título oficial del Estado, para cuidar su ganado y ojalá con el apoyo del gobierno mejorar las tierras y sembrar alimentos.
Con la entrada de los grupos paramilitares las AUC patrocinados, financiados y entrenados en predios del Hato Cabiona de la familia Carranza y Betar (los grupos de Carranza se les conoce como los carranceros), consiguieron a sangre y fuego configurar el despojo legal de 28 mil hectáreas. En el año 80 el señor Víctor Carranza compró dos mil hectáreas a una señora y así empezó a acumular tierras, adjudicándose predios con documentos fraudulentos.
Desde hace 10 años Miguel Briceño, nacido y criado en estas tierras inició un proceso de reclamación para todos y todas las pobladoras de la comunidad, esto llevó a que con ayuda con la Corporación Jurídica Yira Castro y el Senador Iván Cepeda se logrará demostrar el proceso de acumulación indebida por parte de la familia Betar y Carranza y que el INCODER emitiera una resolución quitando la validez de esos títulos de propiedad. En el 2015 se incrementaron las amenazas contra el líder del proceso el campesino Miguel Briceño, el cual tuvo que salir desplazado y está en nuestro programa de acompañamiento y protección. En el año 2015 los mismos empleados del Hato Cabiona que hace parte de la Ganadería la Cristalina han empezado a cercar los predios que dicen han entregado sus jefes, los herederos del Zar de las Esmeraldas.
El día 7 de junio, de 2015, se cometió una masacre en el predio ubicado en la inspección de El Porvenir, en ella fueron asesinadas tres personas, ellos eran invasores de los predios, ex empleados de la familia Carranza. Se han radicado alrededor de 4 acciones urgentes, 3 denuncias, 2 solicitudes de realización de consejo de seguridad y verificación de la peligrosa situación que se vive en la zona. Aunque se prometió por parte de las autoridades presencia permanente de la policía y la fuerza pública en el Caserío, actualmente no la hay, demostrando la falta de interés, voluntad y omisión de protección de las instituciones de orden nacional y departamental.
Desde septiembre del 2015 se asentó la comunidad indígena Cubeo – Sikuani e inician una búsqueda de derechos territoriales y a ellos se les está acompañando y brindado ayuda que se ha gestionado en alimentos y tejas para hacer vivienda, pues llegaron a la intemperie.
El Caso Porvenir en Puerto Gaitán (Meta) lo podemos ubicar como un tipo de implementación de la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social)1 sancionada el 29 de enero de 2016 por el presidente Santos en Orocué (Casanare). El mandatario invitó a las comunidades de El Porvenir y Matarratón (Puerto Gaitán, Meta) y les prometió que estas tierras serían operadas por un consorcio y los campesinos recibirían unos beneficios consistentes en un subsidio de vivienda y entrega de cinco hectáreas por familia (400 familias beneficiadas). Lo que genera concentración de la tierra y de su explotación, negándoles la posibilidad a los campesinos pobres.
Actualmente, las comunidades no sólo viven de los impactos sociales, políticos y culturales de la violencia sociopolítica, sino que también los ambientales producidos por la presencia de las empresas nacionales y transnacionales ligados a la industria extractiva, industria ganadera, agroindustrial e infraestructura. Todos estos impactos producen una gran incertidumbre sobre las comunidades respecto a su territorialidad y autonomía, afectando así su pervivencia.