El municipio de El Castillo, ha sido escenario de la aplicación de políticas contrainsurgentes, bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, las cuales se intensificaron a partir de la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango y esta guerrilla, lo que trajo consigo la cancelación de lo que se denominó Zona de Distensión, a partir del mes de enero del 2002. con la ruptura de los diálogos de paz, el gobierno ordena el inicio de lo que se conoce como la “Operación Conquista”, desarrollada por unidades militares pertenecientes a la Móvil No. 1 y Móvil No. 2 de las Fuerza de Despliegue Rápido – FUDRA, la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, tropas del Batallón 21 Vargas y Albán de la Brigada 7.

Desde el 11 de enero de 2002, en el desarrollo de las operaciones militares se observó la presencia de reconocidos “civiles” armados de la estrategia paramilitar.

El 15 de mayo de 2002, en el casco urbano del corregimiento de Medellín del Ariari, “civiles” armados de la estrategia paramilitar reúnen a los pobladores para anunciar su llegada permanente a la región y advirtiendo sobre las acciones que realizarían contra lo que ellos catalogaban “auxiliadores o miembros de la guerrilla”. En esta ocasión además de la participación de la mayoría de los paramilitares antes mencionados, presidió la reunión un paramilitar que se identificó como ANDRES PAEZ. Este día en el mismo lugar fue asesinado el campesino JOSE DELFÍN ESPINEL, a pesar de la fuerte presencia de la Fuerza Pública ubicada a menos de 20 minutos en el casco urbano del municipio El Castillo y en diferentes puntos de la zona rural.

Estas estructuras de la estrategia paramilitar, en el 2002 se identificaban como “Autodefensas Unidas de Colombia” – AUC y “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” – ACCU, desde el 2003 empezaron a identificarse las mismas estructuras con la denominación “Bloque Centauros”. Hoy, las mismas estructuras se identifican como “Autodefensas de los Llanos”.

Las operaciones contra la guerrilla de las FARC EP por parte de las Fuerzas Militares se han mantenido en la región hasta la fecha y en el actual gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se enmarcan en la Política de Seguridad Democrática. Estas llamadas operaciones contrainsurgentes, en la práctica se traducen en un control militar, social, económico sobre la población, quienes han sido víctimas de torturas, desaparición forzada, asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, saqueos de bienes, robo de ganado, bloqueo económico, ametrallamientos y bombardeos, situación que ha traído consigo el desplazamiento forzado de cerca de 700 familias desde enero del 2002 a la fecha, en desplazamientos individuales e irregulares en el tiempo, muchas familias han realizado un desplazamiento forzado dentro del mismo municipio, de las caseríos hacia el corregimiento de Medellín del Ariari, al casco urbano del municipio El Castillo y hacia otros municipios del departamento del Meta como Puerto Rico, Puerto Lleras y Vistahermosa. Otras se han desplazado a centros urbanos como Ibagué, Bogotá y Villavicencio, en este último las familias se encuentran asentadas en casas de familiares y amigos, en barrios de invasión.

La situación que se presenta en el municipio de El Castillo, región del Alto Ariari, está precedida por una estrategia de persecución y exterminio contra los integrantes de la Unión Patriótica – UP, que se vivió entre 1985 y 1996, dejando como resultado centenares de asesinados en la región.

Las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas las cerca de 700 familias de El Castillo, desde el 2002, se han presentado en el desarrollo de la implementación de las políticas contrainsurgentes y de Seguridad Democrática, al tiempo que se develan intereses económicos en la región por parte de empresas de extracción de petróleo, proyectos de infraestructura como el de la hidroeléctrica del salto del río La Cal y agroindustriales de Palma Aceitera, Plátano y ganadería extensiva, que desde ya se empiezan a realizar bajo el control de la estrategia paramilitar, en perspectiva del cumplimiento de acuerdos comerciales de orden nacional e internacional.

De las familias desplazadas de 18 de las caseríos de la parte alta del municipio El Castillo, 35 de ellas se organizaron en como desplazados a Villavicencio, y en la actualidad ya suman 42 familias. Proceso organizativo que las familias han denominado Comunidad Civil de Vida y Paz, quienes desde el 16 de agosto de 2004 gozan de medidas cautelares otorgadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un grupo de caseríos pertenecientes a Medellín del Ariari, ser resistieron a desplazarse forzadamente y que han decidido mantenerse en su Territorio aún en medio de las condiciones de guerra que se viven en la región, expresadas en especialmente durante los 2002 y 2005 que se vivió un bloqueo económico decretado por el alcalde del Municipio El Castillo el cual es ejecutado por el ejército desde el casco urbano de este municipio y por “civiles” armados de la estrategia paramilitar desde el casco urbano de Medellín del Ariari y el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión, sobre la vía que comunica desde Medellín del Ariari al corregimiento de Puerto Esperanza.

La situación de la región del Ariari y de Villavicencio, continúa siendo crítica en la situación de derechos humanos, durante lo corrido del año 2005, se mantuvieron las operaciones militares de tipo regular e irregular en el municipio El Castillo bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC EP y en el marco de la implementación de las políticas de Seguridad Democrática del actual gobierno. Durante el 2005 se presentaron 8 asesinatos, una desaparición forzada, una detención arbitraria contra pobladores de la zona rural del municipio El Castillo y una amenaza contra los miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz. En el mes de enero del 2006 ya se reportaba un nuevo asesinato, en la zona rural del municipio El Castillo.

Entre los años 2000 y 2009 han sido asesinadas y/o desparecidas 270 personas.